Escrito por
La Redacción.
julio 30, 2016
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En la República Dominicana, donde se estima que 1,3 millones de personas
aún sufren hambre o desnutrición, la diputada y miembro del Frente
Parlamentario contra el Hambre Guadalupe Váldez resalta la importancia de haber
colocado ese asunto en la agenda del país "y no solo en la de quien gane
las elecciones".
Roma, Italia.- América Latina ha reducido en las
últimas décadas el número de personas que pasan hambre y, para que no se quede
en algo temporal, diversas leyes han cobrado impulso en la región con el fin de
garantizar el derecho a la alimentación.
El último paso lo ha dado la
República Dominicana, donde recientemente se ha adoptado una ley de soberanía y
de seguridad alimentaria y nutricional tras cinco años de batalla legislativa.
No basta con reconocer el derecho a la alimentación,
sino que es necesario asegurar su cumplimiento formulando todo tipo de
políticas, desde el desarrollo social hasta la agricultura familiar, afirma el
especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) Juan Carlos García Cebolla.
Los marcos legales permiten precisamente organizar
mejor esos programas y políticas, así como darles continuidad consolidando los
consensos obtenidos desde un enfoque de derechos humanos, según el experto.
“Cuando se genera consenso, hay un menor riesgo de que
en cada ciclo político exista la tentación de empezar de nuevo”, sostiene.
En América Latina y el Caribe, donde en el último
cuarto de siglo se logró reducir más de la mitad el número de personas que
pasan hambre (hasta 34,3 millones) y su proporción (5,5 % de la población),
otros siete países ya poseen leyes de seguridad alimentaria nacionales:
Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Como pioneros en la lucha contra la inseguridad
alimentaria destacan Brasil y México, que reconocen en sus constituciones el
derecho a la alimentación y desde hace mucho tiempo desarrollan sólidos
programas sociales con ese objetivo.
En la región también se ha legislado sobre aspectos
particulares, dando como resultado leyes como la de agricultura familiar en
Argentina y Perú, la de alimentación saludable en los centros educativos en
Uruguay o la del programa del vaso de leche escolar en El Salvador.
Y mientras esas iniciativas van echando raíces, otros
países como Costa Rica o Panamá están en vías de negociar leyes similares de
seguridad alimentaria.
García Cebolla subraya el papel que ha tenido en esos
procesos el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el
Caribe, integrado por legisladores de los distintos países interesados en
combatir esa lacra.
La subida repentina de los precios de los alimentos
entre 2007 y 2008 supuso una seria llamada de atención que llevó al Parlamento
Latinoamericano a iniciar unas consultas de las que salió la idea de un frente
contra el hambre.
En 2009 se estableció esa plataforma que, como explica
el experto, ayuda a intercambiar puntos de vista, diseñar políticas pese a los distintos
signos políticos y crear consensos regionales de “base sólida”.
En estos últimos años el Parlatino ha elaborado dos
leyes marco de referencia: una sobre el derecho a la alimentación, la seguridad
y la soberanía alimentaria, y otra sobre alimentación escolar.
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| Guadalupe Valdez |
Caso dominicano.- En la República Dominicana,
donde se estima que 1,3 millones de personas aún sufren hambre o desnutrición,
la diputada y miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre, Guadalupe
Váldez, resalta la importancia de haber colocado ese asunto en la agenda del
país “y no solo en la de quien gane las elecciones”.
La celebración de comicios edn la República Dominicana
se ha cruzado más de una vez en el proceso de elaboración de la ley de
seguridad alimentaria dominicana (la última, el pasado mayo, cuando se
celebraron elecciones generales en las que salió reelegido el presidente Danilo
Medina).
Tras muchas idas y venidas, finalmente ha sido
aprobada una norma que establece el marco legal por el que “el Estado es
responsable de generar políticas para garantizar el derecho a la alimentación
de la población”, sostiene Váldez, impulsora de la iniciativa.
Ese enfoque de derechos contribuirá a evitar que los
políticos “jueguen con el hambre de las personas” y “compren su voluntad de
forma clientelar” regalándoles alimentos para su despensa, enfatiza.
Aún se necesita un reglamento para aplicar la ley, que
se espera que ayude a mejorar también la coordinación entre los ministerios.
Porque hablar de seguridad alimentaria también es
hacerlo, por ejemplo, de la producción, el acceso y la calidad de los
alimentos, el empleo y el desarrollo rural.
Váldez destaca, en ese sentido, el diálogo entablado
con otros integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre para
intercambiar experiencias y avanzar en políticas que tengan un impacto directo
en las comunidades rurales.
Algo que busca, por ejemplo, la promoción en la región
de productos locales para la alimentación escolar con vistas a impulsar la
agricultura familiar de cada zona.
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