Escrito por
La Redacción.
julio 13, 2016
-
0
Comentarios
Existe mucha presión social para que haya un
pacto político por las altas cortes. Organizaciones de la sociedad civil y partidos están
en busca de un acuerdo.
SANTO
DOMINGO. Crece la
presión social en sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil para
que se llegue a un pacto que garantice la estructuración de altas cortes e
instituciones democráticas con personas que brinden un servicio a la
institucionalidad, en lugar de obedecer a intereses políticos y de otra índole.
Este miércoles, por ejemplo, se realiza el primer foro
“Por un Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad”, que organizan
instituciones de la sociedad civil, y al que está invitado el liderazgo
político nacional.
Lo que ha preocupado a esos sectores es el hecho de
que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aumentara su poder en el
Congreso Nacional en los pasados comicios, lo que pone en sus manos nuevamente
las instituciones que tienen que velar por la fiscalización y control del
Estado como la Cámara de Cuentas, que debe ser sustituida este año por el
Senado, que dominará ampliamente el PLD, con 28 de los 32 senadores.
Al Senado también le corresponderá seleccionar a una
nueva Junta Central Electoral (JCE), pues la actual vence el próximo 16 de
agosto.
Al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le
corresponderá sustituir a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), el
cual ha estado en la mirilla de los sectores políticos y de la sociedad civil,
por sentencias que han considerado, en su mayoría, a favor del partido
gobernante.
El presidente Danilo Medina contará desde el próximo
16 de agosto con cuatro de los 8 miembros que conforman el Consejo Nacional de
la Magistratura, ya que su hermana, Lucía Medina presidirá la Cámara de
Diputados, y Reinaldo Pared Pérez el Senado. El Procurador General es designado
por decreto. La oposición sólo tendrá dos miembros.
El economista Eduardo García Michel, presidente de la
Fundación Siglo 21, planteó que el primer paso debe ser un pacto para la
reforma de carácter político-institucional, y una vez acordada ésta, se puede
encaminar la de carácter económico-fiscal, monetario y sectorial.
Michel, en el artículo “La reforma política e
institucional”, publicado en el periódico Diario Libre consideró que existe un
consenso generalizado en todos los sectores de la sociedad, que entienden que
el sistema de partidos y electoral ha colapsado, y que las instituciones no
ofrecen garantía de imparcialidad.
“El Presidente tiene una oportunidad de oro para
casarse con la historia, si se convierte en abanderado de las reformas
políticas y también de las económicas, para lo cual es imprescindible que se
sacuda de las garrapatas del interés individual, y subordine su horizonte
político a la finalización del cuatrienio 2016-2020, para que haga en ese
período lo memorable, lo que desde hace tiempo debió de hacerse y nadie se ha
atrevido a hacer”, dijo.
Instituciones.- Marcos Villamán, sociólogo y rector
del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal), dice que
más que un pacto, hay que dejar que las instituciones facultadas para escoger
las altas cortes funcionen, considerando las aspiraciones de cada uno de los
actores.
“A los mismos partidos políticos les conviene que quien vaya a ocupar
esas posiciones tenga el respaldo y la aprobación de la sociedad en su
conjunto, porque todos estamos interesados en que el país avance
institucionalmente”, dice.
Estimó que la actual coyuntura es una ocasión que se le
presenta a la sociedad para poder actuar en dirección a presionar para que los
actores políticos escojan tomando en cuenta la probidad y ética de las
personas.
Requisitos para el Tribunal Superior
Electoral y Junta Central Electoral.- La Ley 29-11 indica que para ser juez del Tribunal
Superior Electoral se requiere ser dominicano, de nacimiento u origen, y tener
más de treinta años de edad. Además, ser licenciado o doctor en derecho con no
menos de doce años de ejercicio, y haber realizado estudios en asuntos
electorales o en derecho público.
Se exige que los miembros y el personal no podrán
intervenir en actividades o reuniones de índole política, y el ejercicio del
cargo de juez es a tiempo completo y de dedicación exclusiva.
La Ley 275-97 advierte que entre los miembros de la
Junta Central Electoral “no puede haber vínculo de parentesco o afinidad entre
sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y
vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.
Aunque no inhabilita a un miembro si luego es electo
un familiar a nivel presidencial y vicepresidencial, a menos que el parentesco
sea en primer grado.
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario