Escrito por
La Redacción.
junio 07, 2016
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Desde 1998 hasta el 2016 a las organizaciones
partidistas el Estado les ha entregado más de once mil millones de pesos.
Santo
Domingo.- Los partidos
políticos han recibido del Estado dominicano RD$11,414,963,008 desde 1998, año
en el que se entregó el primer peso del financiamiento público a las
agrupaciones del sistema democrático para sus gastos internos, campañas
electorales y la inversión en formación política.
Y solo tres organizaciones han recibido RD$
9,234,613,589.53, el 80.88% de esos fondos: el Revolucionario Dominicano (PRD),
el de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).
Han sido 11 mil millones de pesos, en 19 años,
repartidos entre 50 partidos políticos.
El dinero recibido en estos años es más que el
presupuesto de 2016 de los ministerios de Deportes, Industria y Comercio,
Mujer, Cultura, Juventud, Administración Pública y Energía y Minas, que para el
presente año les fueron asignados RD$11,107,007,051.
Poca supervisión.- Todo ese dinero ha sido entregado
en un esquema de baja supervisión, donde el único requerimiento que se les hace
a las agrupaciones políticas es que entreguen un informe de sus gastos e
ingresos, pero sin llamamientos a correcciones reales o penalidades por el mal
uso que hagan del dinero.
Solo en caso de que los partidos políticos no
entreguen esos informes suele haber una penalidad: la retención de los nuevos
fondos a entregar, liberados contra el depósito del documento informativo.
El financiamiento a los partidos políticos está atado
al 0.5% de los ingresos nacionales en años electorales, y al 0.25% en años no
electivos, amparado en la Ley Electoral 275-97.
La cifra entregada a las organizaciones políticas se
ha multiplicado por 66 desde la primera partida concedida en 1998, y ha tenido
un promedio anual de RD$634,164,611.5.
Únicas informaciones.- Estos son los únicos datos públicos
que presenta el sistema de partidos políticos sobre su financiamiento, con la
incógnita agravada de las contribuciones del sector empresarial y de
particulares, que se mantienen sin regulación alguna en República Dominicana.
Los únicos datos públicos del dinero privado que ha
sido donado a los partidos son del período 2012-2015, cuando las organizaciones
reportaron a la Junta Central Electoral (JCE) haber recibido RD$463,468,477.
En los aportes que llegan desde el sector privado se
muestra la misma tendencia: favorecidos el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), y en segundo lugar, el Revolucionario Moderno (PRM), de reciente
creación y organización que le disputó el poder en el proceso pasado a los
morados.
Cuando se confrontan los datos económicos de todas las
agrupaciones políticas se entiende la idea de inequidad en el financiamiento
público de la que suelen hablar los considerados como partidos minoritarios o
emergentes, que en ningún caso superan el dos por ciento de los fondos del
Estado entregados al sistema político, y tienen que enfrentarse (o aliarse)
históricamente a tres partidos que han concentrado 80.88% del dinero público
dado por el Estado.
El pico de la contribución del Estado a los partidos
políticos se produjo en el presente año con 1,610 millones de pesos, un monto
que triplica los fondos manejados en 2016 por el ministerio de la Mujer en
plena crisis por la violencia machista.
La idea de financiar a los partidos políticos se
materializó en ley para evitar las supuestas donaciones del narcotráfico o del
crimen organizado, pero también para disminuir el nivel de dependencia
económica de las organizaciones con el sector empresarial, del que
informalmente se dice que pasa factura una vez instalados gobiernos, alcaldías
y legisladores, para ser beneficiados con obras de construcción o leyes de su
interés o para su beneficio.
Lo que los partidos reportan a la
Junta.- Hasta hoy
los partidos políticos entregan a la Junta Central Electoral (JCE) esos
documentos con sus ingresos y gastos (la ley habla de la Contraloría General de
la República), preparados sin uniformidad entre las agrupaciones políticas.
Con ausencias notables de detalles sobre cómo usaron
esos recursos que suelen reportar como “gastos de campaña electoral”.
La institución electoral entonces pide a la Cámara de
Cuentas auditar los estados financieros de las organizaciones, que luego les da
un informe a las agrupaciones sobre las cuestiones a mejorar.
Para tener una idea de la celeridad y uniformidad con
que trabaja la Cámara de Cuentas sirve precisar que la auditoría más reciente,
y la única disponible, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es de
2008. Caso contrario lo presenta el Partido Revolucionario Dominicano (PRD),
del que se han presentado tres procesos de auditorías, 2008, 2012 y 2013-2014.
La distribución de los recursos.- Una resolución de la Junta Central
Electoral (JCE) obliga a que los partidos gasten 20% de sus fondos en
capacitación política durante los años electorales, 50% para el desarrollo de
sus campañas electorales y el restante 30% en el desenvolvimiento o vida
institucional de las organizaciones.
Cuando se trate de años no electorales los porcentajes
son de 35% para elecciones internas; 20 por ciento destinado a la capacitación
y formación política y el restante 45% en su desenvolvimiento o vida
institucional.
Pero nadie en la administración del Estado se encarga
de darle seguimiento y verificar su cumplimiento.
Lo que cuesta cada voto.- Se podría decir que cada voto
emitido desde la primera entrega de fondos públicos a las organizaciones ha
tenido un costo de 371.47 pesos, al margen de este resultado del dinero que
aporta el Estado para la administración y el montaje de las elecciones.
La legislación electoral dominicana ordena entregar al
Estado 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones a los partidos
políticos, y 0.25% en los años no electorales. El 80% de los millones que
resultan de ese cálculo es entregado a los partidos mayoritarios, considerados
así por haber obtenido más del 5% de los votos válidos emitidos en la más
reciente elección. El 20% restante se reparte entre las agrupaciones
minoritarias.
El financiamiento privado en las campañas electorales
dominicanas no está regulado y se permite la donación de recursos económicos
sin la obligatoriedad de rendir informes de dónde provienen esos fondos, quién
los entrega o las empresas que deciden aportar.
Las propuestas de leyes vienen y
van.- Varios
proyectos de ley para normar el funcionamiento del sistema de partidos
políticos han incluido la obligatoriedad de revelar las fuentes de ingresos
privadas, y también han intentado poner límites a la contratación y uso de los
medios de comunicación en tiempos de campaña electoral.
Y… ¿Cómo era antes?.- Antes de la entrada en vigencia de
subvención a las organizaciones políticas el Estado les hacía exoneraciones
discrecionales, que motivaron la queja de algunos partidos políticos.
La legislación electoral que incluyó el reparto de
fondos públicos ha sido cambiada solo una vez sobre este tema: para beneficiar
al PRSC, que al descender estrepitosamente en su caudal de votos, llegó a
recibir para el 2005, año no electoral, RD$24,707,715.84, cuando el PLD y el
PRD recibieron RD$148,813,403.04 y RD$93,116,697.24.


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