Escrito por
La Redacción.
abril 10, 2016
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Claudio Paolillo, presidente de
la Comisión
de Libertad de Prensa e
Información de la SIP.
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Organismo también
muestra preocupación por agresiones a la
prensa en República Dominicana.
PUNTA CANA, provincia La Altagracia,
República Dominicana.- Urge que los estados adopten legislaciones y medidas para promover el
pluralismo, la diversidad y para revertir el proceso de concentración de medios
que se registra en América Latina, advirtió Claudio Paolillo, presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP).
Según Paolillo, la adquisición de diarios por parte de
grupos económicos poderosos está afectando la libertad de expresión de forma
importante, porque la mayor parte de los países de la región mantienen las
estructuras de medios audiovisuales basados en pocos grupos privados que
acaparan y controlan las principales frecuencias y licencias de radio y de
televisión abierta para abonados, y que en general representan líneas
editoriales de similar tendencia.
Además, alertó que hay un grupo más reducido de
países con una preponderancia de medios oficiales o progubernamentales en
reemplazo de los medios privados independientes, que en lugar de servir el
interés público están al servicio de la defensa de los respectivos gobiernos.
Dijo que el tema ha sido puesto sobre la mesa de forma
recurrente por el redactor especial de la Libertad de Expresión de la Comisión
Especial de los Estados Americanos (OEA).
En ese sentido, dijo que un documento con un total de
108 puntos sobre esta problemática fue debatido en noviembre del pasado, en una
conferencia sobre concentración de medios que se desarrolló en Bogotá,
convocada por la relatoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Por tanto, sostuvo que en esa conferencia se recomendó
que debe ser modificado el Articulo 12 de la Declaración de los Principios
sobre la Libertad de Expresión adoptada en el 2001, por la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, que dice que los monopolios u
oligopolios públicos o privados en los medios de comunicación son negativos
para la libertad de expresión.
Pero, agregó, que no debe haber una ley específica
para medios de comunicación, sino que estos monopolios y oligopolios tienen que
ser combatidos por leyes generales antimonopólicas para todas las
actividades económicas.
Explicó que un ejemplo de ello es el caso de
Venezuela, donde el Estado está obligado a promover y abrir sistemas de medios
diversos y plurales, algo que todos los estados que conforman la OEA, como
también ese país tienen la obligación de minimizar las restricciones y la
circulación de información e incorporar en la mayor medida de lo posible la
participación de las distintas informaciones en el debate público.
“Los estados tienen la obligación de establecer
condiciones estructurales que permitan la competencia en condiciones de
igualdad y de inclusión de más y diversos grupos en el proceso comunicativo”,
resaltó.
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Miguel Franjul, director de Listín Diario,
de República Dominicana, expone ante la SIP.
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Preocupación
por agresiones a la prensa en RD.- El vicepresidente de la Comisión de
Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró
preocupante la recurrencia con la que periodistas, fotógrafos y analistas de
radio y televisión sufren agresiones y se exponen a presiones de todo género en
República Dominicana.
El periodista Miguel Franjul sostuvo que eso se está
convirtiendo en una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el
incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y la
delincuencia común.
Los datos se desprenden del informe presentado este
sábado por Franjul sobre la libertad de prensa en República Dominicana durante
el semestre octubre del 2015 a abril del 2016, durante la reunión de medio año
que se celebra el Punta Cana.
“Los excesos que cometen agentes policiales o
militares, entre ellos escoltas de funcionarios públicos, se han hecho frecuentes
en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos juicios
controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos”, manifestó
Franjul ante delegados de 60 países.
Resaltó los casos recientes de los periodistas Danny
Polanco y Socorro Monegro, quienes fueron heridos por disparos de escopetas y
bombas lacrimógenas de agentes policiales durante en la sede de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y frente a la Oficina Supervisora de Obras del
Estado, contigua al Palacio Nacional.
Sin embargo, reconoció que el autor de los disparos
que hirieron al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un ojo, fue
dado de baja y sometido a la justicia mientras al comandante de la tropa lo
penalizaron con varios días de arresto.
Otro hecho destacado por Franjul en su informe sobre
libertad de prensa fue la insistencia con la que la prensa ha reclamado el
esclarecimiento del asesinato del periodista Blas Olivo, ya que a pesar de que
el hecho ocurrió hace un año, las investigaciones parecen haber caído en un
punto muerto lo que hace temer que, al no completarse la investigación el
expediente sea archivado.
Tras el asesinato del periodista, cinco de los 19
sospechosos fueron abatidos a tiros por la Policía en distintos
“enfrentamientos” mientras seis oficiales policiales y militares, que debían
cumplir medidas de coerción en distintas cárceles del país, han sido excluidos
del expediente, lo que acentúa las preocupaciones de que el crimen quede
impune.
Fallo Constitucional.- Franjul explicó que luego de una
larga espera de tres años, el Tribunal Constitucional de la República
Dominicana anuló, a principios de este año, siete artículos de la ley sobre
expresión y difusión del pensamiento, desmantelando parcialmente el entramado
de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el
1962″.
Si bien es cierto que el recurso de
inconstitucionalidad abarcaba más artículos de dicha ley así como del Código
Penal que se consideran inhibitorios de la libre emisión del pensamiento, la
prensa dominicana, en sentido general, acogió el fallo del alto tribunal como
una primera victoria y decidió seguir luchando para el desmonte total de los
artículos lesivos aún vigentes en ambas leyes”, explicó.
Afirmó que con el fallo se anula el llamado “efecto
cascada” por medio del cual el director de una publicación era considerado
autor de un delito de difamación e injuria responsabilidad de un tercero, así
como aquellos artículos que impedían a los medios publicar “denuncias o
declaraciones dubitativas” que fuesen lesivas al honor de una serie de
funcionarios públicos y diplomáticos, lo que constituía una censura previa.
Caso Wally.- Otro aspecto que llamó la atención de la Comisión de
Libertad de Prensa de la SIP fue cuando la embajada de los Estados Unidos en el
país impidió el ingreso de los periodistas del matutino Diario Libre a una
actividad a la que fue invitada la prensa.
El diario atribuyó ese discrimen al hecho de haber
publicado una fotografía en la que aparece el embajador James–Wally–Brewster,
quien es gay, junto a su “esposo”, bañándose en la piscina de la sede
diplomática en la celebración del “Día del orgullo gay” junto a varias
personas. Los ejecutivos del periódico comunicaron su queja al Departamento de
Estado.
Periodistas asesinados en 2016.- Comisión de Libertad de Expresión de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), considera el crimen organizado y la
corrupción política son los principales enemigos de los periodistas en América
Latina.
El informe leído por el presidente de la Comisión,
Claudio Paolillo, denuncia que en los últimos seis meses 12 periodistas fueron
asesinados en el área, al tiempo que se han incrementado los actos de violencia
contra las mujeres con 84 casos en el 2015.
“Ha llegado el momento de exigir la
imprescriptibilidad de los crímenes contra los periodistas y que los mismos
sean considerados delitos de lesa humanidad”, afirmó.
En el informe, la SIP lamenta que los gobiernos se
limiten a realizar promesas incumplidas de que la policía, los fiscales y los
jueces harán su trabajo y plantea la posibilidad de que la prensa denuncie a
los estados donde estos asesinatos tienen lugar como cómplices de los
delincuentes.
Citó los casos de México, donde desde el 1987 han sido
asesinados 128 periodistas. Mientras en El Salvador el ejercicio del periodismo
se lleva a cabo con temores a las pandillas.
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