Escrito por
La Redacción.
abril 28, 2016
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El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto
Rosario, saluda al embajador de Estados Unidos,
James Brewster, previo a su exposición ante la
Cámara Americana de Comercio.
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Por Vianelo Perdomo Batista
SANTO
DOMINGO.- El presidente de la Junta Central
Electoral (JCE), Roberto Rosario,
reveló este miércoles que las candidaturas presidenciales que se creen con
mayores probabilidades, generalmente gastan entre 1,000 millones y 1,500
millones de pesos. En tanto,
que el mitin de cierre de campaña, “a un partido tradicional, le significa más
de 200 millones de pesos, en un día”.
Rosario disertó este miércoles sobre integridad electoral y desarrollo económico en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.
Destacó que las marchas y caravanas generan un gasto descomunal, tanto de la institución política como de cada uno de los militantes de esos partidos.
“Las fórmulas presidenciales que se creen con mayores probabilidades, generalmente gastan entre 1,000 millones y 1,500 millones de pesos”, subrayó.
En cuanto a la Junta Central Electoral, Rosario reveló que tiene prevista una inversión vinculada directamente al proceso, ascendente a 3 mil 492 millones, 756 mil 932 pesos.
De éstos, -agregó- 2 mil 213 millones, 481 mil 343 pesos, serán invertidos en gastos que inciden en el consumo, por estar destinados a salarios, y a servicios que demandan aumento de mano de obra, y elevan los ingresos de pequeños empresarios y de trabajadores independientes.
Dijo que esa inversión es utilizada en los preparativos para la elección de 4 mil 106 cargos públicos, que abarcan los niveles presidencial, congresual y municipal.
Destacó que en las elecciones del 15 de mayo próximo están compitiendo por esos cargos, 24 mil 296 ciudadanos y ciudadanas.
A las elecciones están convocados 6 millones, 765 mil electores.
Dijo que “estas personas, hábiles, habrán de concurrir a 16 mil 067 colegios, instalados a su vez en 4 mil 381 recintos.
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Roberto Rosario,
Presidente de la JCE.
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“En el caso dominicano, -agregó- a diferencia de sociedades más desarrolladas, el proselitismo y la busca de adherentes, descansa excesivamente en el músculo político”.
Dijo que el impacto del activismo político es indiscutible en el dinamismo de la economía, en cada uno de los renglones anteriormente indicados, y sobre todo en la informal, en los dueños de comedores, “colmadones”, vendedores ambulantes, y todo tipo de actividad que se desarrolla en los recorridos en el territorio nacional, produciendo un derrame que permite que llegue “algo” a los sectores de menos ingresos.
“Obviamente, -subrayó- no estamos haciendo una apología sobre el tema. Solo hemos querido ubicar en su contexto lo que significan las elecciones para la economía”.
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Gustavo
Tavares, Presidente de la AMCHARD.
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“Más allá de los debates, a todos nos conviene que las
elecciones salgan bien. Nos referimos a que cada proceso se lleva a cabo con
los parámetros de eficiencia, seguridad y transparencia necesarios para que
ninguno de ellos sea cuestionado. Ello, tanto desde el lado de la fiabilidad de
la tecnología involucrada como, y sobre todo, el comportamiento de los actores
involucrados directa o indirectamente en las diferentes esferas de los
comicios”, dijo.
A continuación la exposición integra del presidente de
la JCE en la Cámara Americana de Comercio:
“La democracia no tiene precio, pero
sí tiene un costo de funcionamiento”
Kevin Casas y Daniel Zovatto
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Señoras y señores:
En mi condición de presidente de la Junta Central
Electoral, he sido invitado a este escenario tan distinguido, lo cual
agradezco, para presentar algunas reflexiones sobre las elecciones, la magnitud
del actual desafío, sus novedades, así como la relación que éstas guardan con
la economía, y cómo sirven para renovar el sistema democrático.
Muy acertadamente, Ortega y Gasset dijo que, “la salud
de la democracia, cualesquiera que sea su tipo y grado, depende de un mísero
detalle técnico: el procedimiento electoral”. Si asumimos la certeza de este
postulado, el objeto de este encuentro, que es conversar sobre ese tema, es de
extrema importancia y trascendencia para el presente y futuro de la nación.
Cónsona con este criterio, nuestra Constitución define
como uno de los derechos de primera generación, el de elegir y ser elegido, el
de ejercer uno de los atributos de la ciudadanía, en cuanto a participar en la
definición de políticas públicas a través de los mecanismos establecidos por la
norma, y mediante elección directa, escoger a quienes están llamados a
desempeñar los cargos públicos.
Precisamente, para cumplir con estas prerrogativas,
están convocadas las asambleas electorales, que funcionarán en los colegios que
a este efecto se abrirán el tercer domingo de mayo, que para esta ocasión es
día 15, tal como prevé el artículo 209 de la Constitución de la
República.
Desde el 1966 hemos tenido elecciones continuas e
ininterrumpidas, con la excepción de las del año 1996, que implicó la
interrupción de un periodo constitucional, pero que ocurrió dentro un marco
legal. Más aun, tenemos el mérito como nación, de haber iniciado, en el 1978,
la tercera ola democrática en las Américas, seguido por Costa Rica, en ese
mismo año; la más larga y extensa, solo salpicada por casos excepcionales, que
aunque han implicado interrupciones de mandatos constitucionales, sus
propiciadores se han ocupado de revestirlos de legalidad.
En estas elecciones, como en otras, los ciudadanos
convocados tienen una muy extendida creencia de que el derecho a elegir no tiene
ningún costo. Lo consideran, por su significado para la democracia, por su
fuerza y peso, como deber ciudadano, y por lo tanto, creen que deben acceder a
este derecho de forma gratuita. El ciudadano que comparece libremente a un
aula, recibe una o varias boletas, marca un partido o candidato de su
predilección, no percibe que el derecho que está ejerciendo lleva consigo
costos ocultos. Supone que no debe pagar por recibir la boleta, el marcador, ni
para que un miembro de colegio haga que su voto cuente, y llegue a su destino.
Para esta persona, todo su accionar es totalmente libre de costo. Posiblemente,
si le dijeran que tiene un costo, una parte importante de la población no
concurriría.
Sin embargo, la verdad es que el ejercicio de este
derecho sí tiene un costo, ya que el costo de todos esos materiales, equipos y
personal involucrado se sostiene con los impuestos. Por tanto, se trata de la
protección de un derecho esencial, fundamental, pero a su vez también del uso
racional de recursos públicos, para garantizar el ejercicio de esos derechos,
personales y universales.
Con mucha razón, Stephen Holmes y Cass Sunstein,
afirman: “los derechos en sentido legal tienen “dientes”. Por lo tanto, son
cualquier cosa menos inofensivos o inocentes”[2].
Veamos en la práctica a donde nos conducen estos
postulados, con ejemplos de fácil observación.
Después de tres períodos de gobiernos republicanos, el
candidato demócrata Bill Clinton, en 1992 derrotó a Georges W. Bush (padre)
quien aspiraba a reelegirse, en una situación de dificultades económicas cuya
manifestación más palpable en la población votante fue la alta tasa de
desempleo. La frase de James Carville, asesor del candidato demócrata,
"¡Es la economía, estúpido!", que sirvió como emblema de campaña al
candidato triunfador, lo dice todo respecto a este vínculo.
Desde luego, Bill Clinton logró reelegirse, debido, en
gran medida, a la excelente situación económica vinculada al Dotcom, término
inglés utilizado para designar la burbuja creada por la inversión en el
desarrollo de la tecnología digital, que empujó las acciones a niveles
elevados, en las bolsas de valores.
En España; en medio de una gran crisis económica, el
Partido Socialista Obrero Español, en e1 2011 perdió las elecciones frente al
Partido Popular, que postuló a Mariano Rajoy. Rajoy intentó reelegirse en las
elecciones del 20 de diciembre de 2015, con resultados congresuales que han
creado una situación preocupante, pues las fuerzas políticas no han podido
consensuar la formación de un gobierno, el cual, por el sistema político
parlamentario y de elección indirecta, una combinación de monarquía con parlamentarismo,
en este sistema sería imposible sin el acuerdo entre las corrientes
predominantes en el Congreso.
Precisamente ayer, el Rey Felipe VI, al concluir la
tercera ronda de conversaciones con miras a la formación de un gobierno
de consenso, anunció la posibilidad de convocar nuevas elecciones, cuya fecha
prevista es el 26 de junio próximo.
En Brasil, luego de unas elecciones reñidas, el 26 de
octubre de 2014, Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores y un
grupo de aliados, ganó con 50.99% de los votos, frente al 49,01% de su
contrincante, Aécio Neves.
El ejemplo de Brasil puede ser ilustrativo respecto a
la influencia que puede tener la economía en la política. Por el empuje de la
economía en los gobiernos de Lula, y su propia reelección, por los mismos
efectos.
Recordemos que uno de los factores considerados
determinantes para que Bill Clinton saliera triunfante de un juicio político,
fue el alto nivel de popularidad, vinculado a condiciones económicas
favorables. Hoy, el mundo tiene sus ojos en Brasil, donde la Presidenta
enfrenta un juicio legislativo para su destitución, en medio de un bajo nivel
de aceptación popular, lo cual coincide con un desmejoramiento de las
condiciones de vida de la población, agravadas después de la celebración del
mundial de fútbol.
Con estos ejemplos, hemos querido plantear una
realidad de incidencia de la economía en las elecciones. En Estados Unidos, por
ejemplo, los Republicanos se caracterizan por propiciar políticas de Estado en
la que los que más ganen paguen menos impuestos; mientras que los Demócratas
propician mayores impuestos a las ganancias netas. Esto, sin duda, define la
orientación macro de esas corporaciones políticas.
Estas diferencias también se reflejan en la
orientación del gasto público. Los demócratas se identifican con los planes
sociales y la mayor socialización de los recursos; los Republicanos en cambio,
recortan los gastos sociales y propugnan por más centralización económica. De
ahí el radicalismo de estos últimos contra la Reforma de Salud (Obamacare), y
su oposición militante a los planes de Welfare (Asistencia Temporal Para
Familias Necesitadas).
En las elecciones dominicanas, los grupos políticos
representan sectores económicos heterogéneos. Sus concepciones sobre cómo
invertir los recursos del Estado son poco difundidas, y escasamente digeridas
por los votantes. Es difícil que el dominicano promedio, a la hora de inclinar
sus simpatías electorales, piense en cómo la elección de un candidato u otro
inclinará la política económica hacia un determinado sector.
Con estas palabras no negamos la influencia de la
economía en las alternativas electorales. Lo que afirmamos es la falta de
conciencia sobre el particular.
Es evidente que el fin de la Guerra Fría, la falta de
una ideología predominante, ha traído como consecuencia que en los programas y
ejecutorias políticas de los principales partidos, no existan diferencias
sustanciales, más bien matices que no permiten al elector tener una
diferenciación clara del destino de inversión de los recursos públicos, por
parte de quienes resulten ganadores. Esto se incrementó, sobre todo a partir de
la muerte de los tres grandes líderes.
Hasta ahora, en estas reflexiones nos hemos referido
al tema en el marco de la política económica de los Estados, de la estrategia
económica de los grupos políticos y de las respuestas coyunturales de los
electores. Pero hay algo específico, inherente al período electoral, que causa
interrogantes en algunos grupos. El cuestionamiento recae sobre la influencia
inmediata de las elecciones en la economía.
¿Qué puede pasar en el desenvolvimiento económico,
como consecuencia de un proceso electoral?
A nuestro entender, la influencia en la dinámica
económica está condicionada por el nivel de confiabilidad en la institucionalidad
democrática, incluyendo los principales actores políticos, y de manera
especial, las instituciones que tienen a su cargo la función electoral.
En contra de esta tesis podría argumentarse que en las
naciones desarrolladas suele existir variación en los porcentajes de las bolsas
de valores, lo cual es cierto, pero casi siempre en proporciones no
significativas, y regularmente pasajeras. En coyunturas de crisis, las
elecciones son partes del nerviosismo que parece ser transmitido a la moneda
por los actores humanos.
Según el Banco Mundial, desde 1992 hasta 2014, el PIB
real[4].
En todo este período tuvimos estos procesos:
En el 1994, fueron celebradas unas de las elecciones
más cuestionadas, polémicas, e influyentes en el devenir político de la nación.
Recordemos cómo la crisis postelectoral indujo a una modificación de la Carta
Magna, a la reducción del período gubernamental y a la prohibición de la
reelección del Presidente. En ese año, la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto fue de 2.3%, mostrando un descenso drástico, en relación con 1992
(10.5%) y 1993 (7.2%)[6],
superiores todos al 5.6% promedio del PIB real.
Después de 1996, tuvimos elecciones presidenciales en
los años 2000, 2004, 2008 y 2012. Aunque solo en el 2000 se registró un
crecimiento por encima del promedio (7.8% del PIB), los analistas coinciden en
atribuir otras causas al bajo índice de crecimiento registrado en los años
electorales, destacándose la crisis bancaria local, y la crisis financiera
mundial, sobre todo en Estados Unidos.
En el 2004, el crecimiento del PIB fue 2%, superior al
del año anterior (-0.4%). En ese año, siendo electoral, la economía
dominicana reinició el crecimiento que se vio afectado por la crisis bancaria del
2003.
El análisis de estas informaciones oficiales sobre la
economía y el crecimiento en los años electorales, nos lleva a las siguientes
reflexiones:
Diversos estudios empíricos han confirmado la
importancia de las instituciones sobre el crecimiento económico. Esas
investigaciones han demostrado que existe una estrecha relación entre la
calidad de las instituciones y el crecimiento de largo plazo[8],
establecen una relación directa en la calidad de las instituciones y el ingreso
promedio de la población, e incluso plantean que en los países con
instituciones sólidas, de calidad incuestionada, esta condición de fortaleza
institucional influye en la disminución de los porcentajes de personas que
viven por debajo de la línea de pobreza.
“Debe reconocerse que la relación entre instituciones
y crecimiento de ingresos es doble direccional. Una economía que se expande, y
en la cual se mejora el nivel de educación de la población, es capaz de
modernizar sus instituciones, creando un círculo virtuoso a favor del
desarrollo económico y social. En ese contexto, cabe destacar que los países
más avanzados son los que han logrado fortalecer sus instituciones y convertido
éstas en verdaderos instrumentos para alcanzar un crecimiento sostenido del
ingreso de la población”[10].
“Esa realidad nos lleva a defender la independencia de
la Junta Central Electoral de toda intromisión. Es nuestro mandato evitar
influencias que puedan impactar negativamente sobre el trabajo de la Junta y
distorsionar la voluntad popular”
[2] Taborda Ríos, Rodrigo. Curso de Macroeconomía. Bogotá : Centro Editorial
Universidad del Rosario, c/2005. Pág. 126
http://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview.
[En línea: 25 de abril de 2016]
[6] Desde aquí en adelante usamos las estadísticas del Banco Central, que en
algunos años difieren de las ofrecidas por el Banco Mundial.
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