Escrito por
La Redacción.
abril 01, 2016
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Venezolanos están bajo custodio de la Policía Nacional y la DNCD
SANTO
DOMINGO.- Los cinco
venezolanos detenidos en La Romana acusados de traer al país 359 kilogramos de
cocaína por el aeropuerto de esa ciudad, eran buscados por la Policía
Internacional (Interpol), por los cargos de narcotráfico y asociación para
delinquir, en su natal Venezuela.
Jean Carlos Díaz Polanco, de 32 años; Carlos Luis
Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Luis Henríquez Villalba, de 43 años;
Gerardo Antonio Díaz Barroso, de 37 años; y Gregory José Frías Ulbina, de 23
años, son buscados por la justicia de Venezuela para que cumplan una sentencia
por las acusaciones de narcotráfico y asociación para delinquir.
Los cinco hombres fueron apresados el pasado Jueves
Santo en un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el
Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Ministerio Público. Cuatro
de ellos trajeron la droga en una aeronave que salió de la ciudad venezolana de
Barquisimeto, y un quinto fue apresado mientras se disponía a transportarlos en
un vehículo.
Recusan juez.- Los abogados del grupo recusaron
ayer al juez del juzgado de la Instrucción, Ismael Nehemías Ramírez, a cargo de
la revisión del fallo que otorgó libertad pura y simple a los extranjeros.
La defensa basó su recusación en el hecho de que
Ramírez rechazó un recurso de oposición y aceptó la solicitud del Ministerio
Público para que los imputados continúen bajo la custodia de la Policía
Nacional. Ahora la Corte de Apelación de San Pedro debe decidir qué juez conoce
el caso.
Los abogados que recusaron son Valentín Medrano y
Dionicio Báez, representantes de Carlos Luis Justiniano Núñez, de 55 años;
Jorge Henríquez, de 44 años; Gregory Frías, de 23 años; Gerardo Díaz, de 38
años, y Jean Carlos Díaz, de 35 años.
La audiencia se efectuó a puerta cerrada, pero se
permitió el acceso de la prensa, aunque varios comunicadores y camarógrafos
quedaron fuera cuando los agentes en su interior “sellaron”.
Los abogados solicitaron el aplazamiento de la
audiencia alegando que les faltaba presupuestos para fortalecer su defensa y
reunir los documentos que destruyen el peligro de fuga de sus clientes.
Esa petición no contó con el beneplácito de la
Fiscalía, por lo que se solicitó al juez que en caso de aceptar el aplazamiento
de la audiencia, determine que los acusados continúen bajo la tutela policial.

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