Escrito por
La Redacción.
febrero 14, 2016
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El presidente y candidato, Danilo Medina, niega que
tenga la “necesidad” de utilizar los fondos públicos.
SANTO DOMINGO.- Las denuncias
de los partidos de oposición sobre uso de recursos del Estado por el
oficialista Partido de la Liberación Dominicana para promover la reelección del
presidente Danilo Medina y la respuesta de este de que la Junta Central
Electoral “haga su trabajo”, obliga a ese organismo a realizar una
investigación para determinar sí realmente se utilizan los fondos de los contribuyentes
en actividades proselitistas.
La oposición reclama a la Junta
que intervenga para impedir que se usen los recursos del Estado y la
competencia electoral se realice con equidad para todos los participantes.
Igual petición hace la sociedad civil y otros sectores.
Para algunos expertos la
utilización de los recursos del Estado va más allá del uso del dinero, ya que
hay otras actividades más difíciles de penalizar como obligar a los empleados
públicos a asistir de forma a las actividades proselitistas, incurrir en gastos
de transporte, camuflar los vehículos oficiales, entre otras.
“El uso de los recursos del
Estado es la actividad más inequitativa de la competencia electoral”, considera
el politólogo Freddy Ángel Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), quien cree que estas acciones afectan la libre elección de los
candidatos por parte de los votantes e influyen en la decisión final del
ciudadano.
Aunque la Ley Electoral prohíbe
expresamente a las organizaciones políticas utilizar “directa o indirectamente
de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus
actividades proselitistas”, Castro cree que es muy poco lo que la Junta puede
hacer al respecto porque no existen instrumentos legales que la faculten más
allá del control de la “propaganda visible”.
Pese a que durante su
proclamación este sábado por el Partido Socialista Verde, el presidente Medina dijo
oponerse al uso de cualquier recurso del Estado para apoyar su candidatura y
que no tendría la “necesidad de que eso ocurra”, para el coordinador de la
Alianza Dominicana Contra La Corrupción, Julio César Tiburcio, el mandatario
debería además abstenerse de inaugurar o iniciar obras durante el período de la
campaña electoral.
“El Presidente de la República
ordena un operativo de asfaltado justamente en medio de un proceso electoral,
eso es utilizar los recursos del Estado”, sostiene Tiburcio, quien también es
profesor de la UASD, al explicar que estas iniciativas se traducen en
desventajas para los candidatos opositores al sector oficialista que no pueden
permitirse la ejecución de obras.
“Los candidatos opositores solo pueden
ofrecer, mientras el Presidente va a resolver”, expone el coordinador de
ADOCCO.
Agrega que en países como Brasil,
la ley electoral obliga al candidato oficialista a tomar una licencia en su
cargo y por ende debe apartarse de cualquier actividad del gobierno o que
implique relación directa con su posición dentro del Estado.
Ambos catedráticos coinciden en
que la aprobación de una Ley de Partidos, cuya creación se ordena en la
Constitución de 2010, crearía la base reglamentaria para que las organizaciones
políticas estén obligadas al uso transparente de los recursos en la campaña
electoral así que sea lícito el orígen de esos fondos, por lo que sin ese
instrumento la Junta Central Electoral no tiene garantías de que se pueda
cumplir el acuerdo al que se llegue con los partidos luego de que el pleno de
jueces de esa organización conozca las quejas que han depositado ante la
institución los partidos Revolucionario Moderno, Alianza País y la Fuerza
Nacional Progresista.
“En el plano real no hay ninguna
seguridad de que el partido en el poder, el que sea, no utilice los recursos
del estado”, sentencia Castro.
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