Escrito por
La Redacción.
febrero 16, 2016
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SANTO DOMINGO.-
Más de 200 choferes, propietarios de taxis amarillos que hace cuatro años
fueron financiados por el Banco de Reservas y que confrontan dificultades hasta
para pagar sus unidades, denunciaron este martes que no solo podrían perder sus
vehículos, sino hasta sus propias vidas, pues si el presidente Danilo Medina no
interviene y ordena una solución a la problemática que confrontan, muchos de
ellos están pensando hasta en el suicidio, pues no soportarían perder lo que
les representa su herramienta y capital de trabajo.
Los afectados convocaron a una rueda de prensa en el restaurant Vizcaya de
esta capital, donde explicaron la situación que están viviendo luego que a
IMPIESESA, empresa intermediaria en las negociones para adquirir dichos vehículos,
la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso le embargara
las cuentas, lo que ha dificultado que puedan realizar los pagos correspondientes.
Ramón Antonio de la Cruz, Robert Arcángel César y José Ogando, voceros de
los 200 taxistas afectados, dijeron que para renovarle los marbetes en la Dirección
General de Impuestos Internos confrontaron serias dificultades y que, tras
pagar religiosamente el financiamiento de sus vehículos durante cuatro años,
viven momentos de incertidumbre, mientras presente y futuro del proyecto como
tal, luce dudoso e incierto.
“Después de nosotros pagar cuatro años, de un financiamiento que es a cinco
años, ahora el Banco de Reservas no recibe las cuotas correspondientes, debido
a una situación judicial que afecta al presidente de UNATRAFIN, Arsenio Quevedo,
situación de la que somos ajenos, pues se trata de préstamos individuales,
particulares, aunque sea un proyecto del colectivo, razón por la que entendemos
se debe buscar una salida que no nos siga afectando”, dijo Ramón Antonio de la Cruz a nombre de sus
compañeros.
Expresó que han remitido dos correspondencias al presidente Danilo Medina,
se han reunido en varias ocasiones con la dirección provisional de UNATRAFIN y
con los actuales ejecutivos de IMPIESESA, pero la respuesta que reciben les
deja en el limbo, pues si no se
regulariza su situación, el proyecto podría colapsar y ellos quedarían económicamente
liquidados y en la inopia total.
Sobre el proceso e historial del proyecto, los afectados recordaron que el
22 de febrero del 2012, el entonces presidente
de la República, doctor Leonel Fernández, entregó, personalmente, las llaves de
200 vehículos con equipos de gas natural, tipo "taxis amarillos", a
igual cantidad de choferes miembros de organizaciones afiliadas a la Unión
Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), mediante un financiamiento
otorgado por el Banco de Reservas por un monto global de RD$90.5 millones.
Recordaron también que el entonces mandatario de la Nación realizó la entrega durante un acto en Peravia Motors, empresa concesionaria e importadora de los vehículos.
En esa actividad, según citan los taxistas afectados, el entonces administrador
del BanReservas, Vicente Bengoa, informó que los vehículos entregados
correspondían a la primera etapa de un proyecto, que permitiría a los choferes
adquirir sus propias unidades.
Durante el acto de referencia, hablaron, además, don Nelson Peña,
presidente de Peravia Motors y Víctor Arámboles, en nombre de IMPIESESA,
empresa intermediaria en las negociaciones.
Como es un
asunto de Estado, Danilo Medina
debe intervenir
Dicen los choferes afectados que, debido a que fue el entonces presidente
de la República, doctor Leonel Fernández, quien, actuando en nombre del Estado
dominicano, impulso ese proyecto y que, además, se trata de un financiamiento
del banco del Estado, el BanReservas, y que los beneciarios han pagado religiosamente
y desean terminar de pagar sus unidades, el presidente Danilo Medina, tratándose
de un asunto de Estado, debe intervenir y evitar que el proyecto termine colapsando
y que con ello, se produzca una catástrofe.
“Puede haber una catástrofe, pues son 200 familias encabezadas por humildes
trabajadores, que hemos pagado cientos de miles de pesos y que ante tal
situación, corremos el riesgo de quedar sin nuestras respectivas herramientas de trabajo, lo que sería fatal”,
concluyó Ramón Antonio de la Cruz.
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