Escrito por
La Redacción.
febrero 09, 2016
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SANTO DOMINGO.- El Ministerio
de Relaciones Exteriores (MIREX) calificó este martes de inaceptable el informe
sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana remitido
por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque ha sido
elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves
omisiones”, en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados
en el país en esa materia de alta prioridad en la administración del presidente
Danilo Medina.
“El Gobierno de la República
aprecia los reconocimientos que la CIDH hace en su informe al Estado dominicano
en materia de avances en la protección de los derechos humanos, pero lamenta
profundamente que dicho documento esté cargado de informaciones y juicios
obsoletos, desconocedores de cambios significativos y sesgados a partir de una
visión incompleta y hasta prejuiciada de la realidad”, refiere la Cancillería
en su respuesta a través de un comunicado de prensa.
Recuerda que con la aplicación de
la Ley 169-14, una iniciativa del gobierno central para resolver el impasse
generado en materia migratoria por la sentencia 168-14 del Tribunal
Constitucional, se atendieron los problemas de nacionalidad que enfrentaban
determinados grupos de personas, “por lo que no aceptamos, bajo ningún
concepto, que la normativa y las políticas del Estado dominicano tengan un fin
discriminatorio ni que fomenten la apátrida, como de manera injusta plantea
dicho informe”.
Sostiene que se trata de una
visión claramente especulativa de la CIDH sobre el soberano proceso migratorio
llevado a cabo por la República Dominicana cuando se alega que miles de personas
no pudieron acogerse a la categoría B de la referida ley y que, por lo tanto,
han quedado en condición de apatridia. “Hablar de miles de casos es una
inexactitud que rechazamos, dado que el gobierno dominicano no ha tenido
conocimiento ni de un sola persona que haya podido probar tal situación”.
Agrega que el problema que
confrontaban las personas nacidas en el país, de padres extranjeros, inscritas
en la Oficialía del Registro Civil, quedó resuelto con el carácter humano en la
aplicación de la Ley 169-14, “por lo que es inaceptable e injusta la acusación
que hace la CIDH sobre la supuesta existencia de una política deliberada de
privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de personas en la
República Dominicana”.
La Cancillería manifiesta su
rechazo a la mayor parte del contenido de las conclusiones plasmadas en su
informe por la CIDH, por estar cargado de graves omisiones y argumentos sin
ningún sustento probatorio, al tiempo que el Gobierno dominicano reitera su
compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los
de aquellas personas extranjeras que viven en la República Dominicana, al
amparo de la Constitución y las leyes adjetivas.
Reitera que el gobierno central
no ha llevado ni lo hará en el futuro, expulsiones masivas como asegura la
CIDH, “sino que continuará con su soberana política de repatriaciones de
extranjeros que viven en el país de manera irregular, sobre la base de
procedimientos individualizados y con un irrestricto apego al respeto a los derechos
y dignidad de las personas, pero, asimismo, tampoco aplica ni aplicará
repatriaciones de personas de nacionalidad dominicana como falsamente se le
imputa al Estado dominicano”.
El documento concluye que “el
gobierno mantiene su inquebrantable compromiso con la cabal ejecución del Plan
Nacional de Regularización, a fin de que esas más de 200 mil personas
beneficiadas puedan vivir, trabajar en paz y con seguridad en el territorio
nacional, disfrutando los beneficios que la ley les concede”.
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