Escrito por
La Redacción.
enero 04, 2016
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Mientras, se informa que menos del 50% de
haitianos calificó para residencia dominicana.
COMENDADOR, Elías Piña.- Un contingente de 110 efectivos del
Ejército de República Dominicana, llegó este lunes a la fortaleza José María
Cabral, en San Juan, para ser asignados a los 18 puestos fronterizos para
impedir la entrada de extranjeros indocumentados.
La mayoría de los haitianos indocumentados que trabajan
como obreros en fincas y en proyectos habitacionales de la zona, regresaron a
su país en forma voluntaria a pasar las navidades con sus familiares, quienes
por tradición concluida la época, retorna a este país, quienes en su mayoría
traen familiares.
Desde los primeros días del 2016, en la zona se
observa en esta provincia un aumento de efectivos del ERD, así como del Cuerpo
Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), y un mayor nivel de
registros a los vehículos que se desplazan desde los seis municipios de esta
provincia, hacia le capital de la República y otros puntos del país.
Una fuente militar confirmó la llegada de los 110 efectivos del Ejército de la República Dominicana a la tercera brigada con asiento en San Juan, para reforzar todos los puestos de la línea fronteriza que divide esta provincia de Haití, desde Guayajayuco, en Pedro Santana, hasta la 204, en Hondo Valle.
En grupo de seis, desde las primeras horas de la
mañana de este lunes 4, los efectivos comenzaron a ser enviados a prestar
servicios en Guayajayuco, La Palmita, Sombrero, El Corte, Los Cacaos, Sabana
Cruz, Higüerito, Guayabal, Guaroa, Macasias, Rinconcito, La Margarita, La
Laguna, Los Calimetes, Cañada Miguel, Aniceto Martínez, Los Memizos y la 204.
En cada uno de esos puestos, el promedio de efectivos que presta servicios en ellos es entre 3 y 5 efectivos del Ejército de la Dominicano, ahora con los seis de refuerzos sumarían entre 9 y 11.
En cada uno de esos cuarteles hay una motocicleta en
la que con frecuencia son vistos dos efectivos portando fusiles automáticos,
recorriendo el tramo que corresponde, en la Carretera Internacional que divide
a ambos países.
La fuente militar informó que antes de ser enviados a
los cuarteles fronterizos, los militares fueron colocados en formación en la
explanada interior de la fortaleza José María Cabral, para orientarlos en
relación a su nueva misión, lo complejo de su trabajo y la “obligación de
evitar, no solo el ingreso y reingreso de extranjeros, sino también de todo
tipo de contrabando.
Al responder una pregunta, la misma fuente dijo que
los altos mandos militares contemplan el envío de nuevos contingentes de
efectivos del Ejército a la zona, para ser incorporados a los ya existentes a
la vigilancia y control de toda la franja fronteriza de más de 130 kilómetros,
desde Yuayajayuco, en Pedro Santana, hasta la 204, en Hondo Valle.
“Hay una disposición expresa del Gobierno, asumida por
los mandos militares, de impedir que continúen ingresando a la Republica
Dominicana, extranjeros sin documentos, así como contrabando de cualquier tipo,
y el envío de nuevos efectivos militares y las instrucciones dadas lo
confirman, “apuntó la fuente.
También los nuevos que lleguen, reforzarán los puestos
de chequeos en Pedro Santana, Bánica, Olivero, Matayaya, Las Matas de Farfán,
Pedro Corto, Los Mangos, Guanito y los pilones.
Menos 50% de
haitianos calificó para residencia RD
SANTO DOMINGO.- Mientras prepara un coctel de
frutas en su puesto ambulante en una exclusiva zona residencial de Santo
Domingo, Cresnel Ceus sonríe cada vez que comenta a sus clientes que luego de
ocho años por fin viajaría a su natal Haití con sus hijos a que conocieran a
sus padres.
“Mis hijos van a conocer Haití”, decía el hombre de 37
años, tez morena y anchas espaldas, padre de una niña de ochos años y un niño
de seis, nacidos en República Dominicana.
Pese a haber nacido en suelo dominicano, sus hijos no
tienen la nacionalidad del país porque la Constitución no la otorga los
descendientes “de los extranjeros en tránsito”, como era el caso de Ceus y su
esposa.
Como miles de haitianos, la pareja había vivido y
trabajado desde 2000 en el país sin permiso migratorio y con el temor a ser
deportados, pero ahora es uno de unas 184.000 personas que lograron la
residencia temporal bajo un programa de regularización del gobierno.
Para quienes lograron cumplir los requisitos y
solicitar la residencia con base en documentos en un lugar donde es difícil
conseguirlos, la vida se ha vuelto más fácil.
“Todo está bien ahora”, dijo Ceus blandiendo la copia
de su nueva tarjeta de migrante, algo en lo que coincide Washington González,
viceministro de Interior, quien dijo que “no habrá absolutamente ningún
inconveniente” este año a quienes viajen con la residencia temporal y que
podrán regresar sin peligro a ser detenidos o extorsionados por traficantes de
personas.
Pero unas 300.000 personas enfrentan un futuro
incierto: aquellos que hace décadas viven en el país y no cumplieron con los
requisitos para obtener la residencia, o no pudieron conseguir la documentación
requerida como un certificado de nacimiento de Haití o documentos que mostraran
que habían vivido en República Dominicana desde antes de octubre de 2011.
El programa de residencias temporales fue creado luego
de que el Tribunal Constitucional dominicano decidiera, en una polémica
sentencia, ordenar a las autoridades a abrir juicios y anular la nacionalidad
de las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007, de padres extranjeros que
no tuviesen permiso de residencia legal.
Este proceso de desnacionalización generó críticas de
organismos de derechos humanos, que estimaron que unos 210.000 descendientes de
inmigrantes haitianos quedarían apátridas.
En respuesta a la presión internacional, el gobierno
aprobó una ley para reconocer la nacionalidad de quienes estuviesen inscritos
en el registro civil y creó un programa paralelo de regularización a fin de
reconocer la nacionalidad a quienes estuviesen inscritos en el registro civil.
Aunque el gobierno ha insistido en el éxito del
programa, menos de la mitad de las 524.000 personas, en su mayoría de
descendencia haitiana, calificó para obtener el permiso de estancia temporal.
El plazo para solicitar la residencia expiró en junio
pasado. Desde entonces, el gobierno ha advertido de forma reiterada que los
extranjeros que no cuenten con un permiso migratorio deberán abandonar el país
o que serán detenidos y repatriados.
Las advertencias ya tuvieron efecto: los dos meses
posteriores al vencimiento del plazo para hacer la solicitud, más de 70.000
personas se fueron de forma voluntaria a Haití, según la Dirección de
Migración, y que 5.000 más fueron deportados por las autoridades.
Para quienes nunca estuviesen inscritos en el registro
civil, como los hijos de Quezada, el gobierno abrió un proceso para
documentarlos como extranjeros, pero sólo se inscribieron unos 9.000 de los
60.000 que se estima se encuentran en esa situación. (Creo que este párrafo es
indispensable para que se entienda lo que dice Chiara Ligouri en la siguiente
cita).
“Nos preocupa qué va a pasar con esas personas”, dijo
en una reciente entrevista Chiara Ligouri, investigadora de Amnistía
Internacional para el área del Caribe. “Esas personas siguen en situación de
indocumentados, no tienen ningún tipo de nacionalidad”.
Martina Quezada, nacida en Haití en 1975, y que pese a
que ha vivido en un barrio de Santo Domingo desde que era niña, no logró reunir
los documentos exigidos en el plan. Cuatro de sus cinco hijos, todos
nacidos en República Dominicana carecen de registro alguno porque Quezada nunca
los registró.
La falta
La falta de documentos ha impedido que sus hijos
terminen de estudiar la primaria y accedan a trabajos formales y ahora también
los pone en peligro de que eventualmente sean detenidos por agentes migratorios
y expatriados.
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