Escrito por
La Redacción.
diciembre 03, 2015
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Brasilia.- La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, quedó este miércoles contra las cuerdas, una vez que el jefe de los
Diputados, Eduardo Cunha, aceptó promover un juicio con miras a su destitución
por graves irregularidades fiscales cometidas desde 2014.
"Recibí con indignación la decisión del
presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente
conferido por el pueblo brasileño", declaró Rousseff en un muy breve
pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto tras conocerse la
decisión.
El jefe de los Diputados acató un pedido de juicio
político presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que
se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para
maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según organismos
de contraloría del Estado.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel
Temer, el primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la
mandataria.
Sin embargo, Cunha se enemistó con Rousseff durante
ese año y hace meses anunció su decisión "personal" de pasar a
engrosar las filas de la oposición.
El jefe de los Diputados anunció su decisión
precisamente el día en que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff,
informó que apoyará la apertura de un proceso que puede despojarlo de su
mandato por sus implicaciones en las corruptelas detectadas en la petrolera
estatal Petrobras.
Sin embargo, negó que se tratara de una
"venganza" frente a eso y aseguró que decidió sobre las mismas bases
jurídicas que le llevaron a rechazar 27 peticiones similares.
No obstante, Rousseff aludió a ello en su declaración
al país al citar que en los últimos días hubo conjeturas en la prensa sobre una
posible negociación del PT, que negaría apoyo al juicio contra Cunha a cambio
de que este no aceptara el proceso contra la mandataria.
"Jamás aceptaría" negociaciones de esa
naturaleza y "mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las
instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública",
declaró la presidenta.
En la oposición, el anuncio de Cunha fue recibido con
cautela, pero al mismo tiempo con "toda naturalidad", según dijo el
senador Aécio Neves.
"El presidente de la Cámara de Diputados tomó la
decisión que le cabía, ajustada a la Constitución", dijo Neves, del
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El pedido aceptado por Cunha se refiere a unas deudas
por 57.000 millones de reales (unos 14.805 millones de dólares) que el Gobierno
ha acumulado con la banca pública y que hasta ahora no habían sido
contabilizadas en los balances oficiales.
Esas deudas son consecuencia de que el Gobierno dejó
de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los
montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres
y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del
Estado, ha considerado que el Gobierno ha incurrido en "irregularidades
graves" al dejar acumular esas deudas y valerse de los recursos de la
banca pública para garantizar el pago de sus compromisos legales.
Según la oposición y los juristas que exigen la
destitución de Rousseff, se trata de un "delito de responsabilidad
fiscal" que la Constitución contempla como una de las causas que pueden
llevar a la destitución de un mandatario.
Aunque no las había contabilizado en sus resultados de
2014, el Gobierno incluyó esas deudas en una nueva previsión de déficit fiscal
para este año que hoy fue aprobada por el Congreso.
El próximo paso tras la decisión de Cunha será la
conformación de una comisión especial que analizará la decisión contra la jefa
de Estado.
Esa comisión establecerá un plazo para la defensa de
Rousseff y luego elaborará un informe, que en caso de inclinarse por el juicio
político obligará a la presidenta a separarse del cargo durante 180 días, que
es el tiempo que tendrá el Senado para realizar el propio juicio.
Rousseff cuenta con una amplia base parlamentaria,
pero de la que se encuentra distanciada a raíz del impacto de la investigación
en Petrobras, que salpica a medio centenar de políticos, en su mayoría
oficialistas, y un impopular paquete de ajuste fiscal con el que intenta atajar
la grave crisis económica del país.
Sin embargo, pese a ese distanciamiento, hoy mismo,
poco antes del anuncio de Cunha, el oficialismo supo reagruparse para aprobar
una nueva meta para el déficit fiscal previsto para este año, que el Gobierno
ha situado ahora en un 2 %.
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