Escrito por
La Redacción.
diciembre 16, 2015
-
0
Comentarios
En el 2015 salieron a flote las debilidades del sistema de
Justicia y del régimen de vigilancia para los condenados.
SANTO DOMINGO.- La espectacular fuga de dos pilotos
franceses condenados a 20 años de prisión domiciliaria por narcotráfico, sacó a
flote las debilidades del sistema de Justicia y del régimen de vigilancia para
los condenados, enfrentó al Ministerio Público con el Poder Judicial, y provocó
la internacionalización de la agenda del Procurador.
Francisco Domínguez Brito dijo en un comunicado que advirtieron
al tribunal sobre el peligro de fuga cuando se dictó la sentencia, por lo que
pidieron que se restituyera la prisión preventiva.
“Eso fue lo que permitió que los condenados
transitaran sin custodia por el territorio nacional y facilitó su fuga”, explicó
en el documento, ante el revuelo público que causó el hecho.
El escape de Pascal Jean Fauret y Bruno Odos en
octubre, fue orquestado por un comando de antiguos compañeros de la milicia, y
se realizó vía marítima.
Fueron condenados en primera instancia, en agosto, por
el caso conocido como “Air Cocaine”, en donde se le ocuparon 700 kilogramos de
la droga, mientras se disponían a llevarla a Francia en un avión.
Reveló, además, todo un entramado de complicidad con
funcionarios franceses, incluido el eurodiputado Aymeric Chauprade. Este caso,
junto al de los curas católicos Alberto Gil y Jozef Wesolowski, por pederastia,
obligó al Ministerio Público a llevar una agenda combinada con organismos
internacionales de justicia. En la actualidad, por gestión del Ministerio
Público, sobre los pilotos, el eurodiputado Chauprade y los también franceses
Christophe Naudin y Pierre Malinowski, que participaron en el escape, pesa una
orden internacional de captura.
Domínguez Brito calificó el caso como una afrenta al
sistema de justicia dominicano “que no podemos permitir”, y dijo que debe
sentar precedentes positivos en la cooperación internacional.
De frente a la Justicia
El
Ministerio Público no logró “convencer” a la justicia de la culpabilidad del
senador Félix Bautista en la acusación que le hizo sobre enriquecimiento
ilícito y desfalco a su paso por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado, y la lucha anticorrupción del procurador Francisco Domínguez Brito
se quedó sin el ejemplo que buscaba. El caso, que acaparó la atención nacional
por sus implicaciones políticas, también sumergió a la Justicia en una crisis,
por el enfrentamiento entre el Procurador y el presidente de la Suprema Corte
de Justicia, Mariano Germán.
Caso DICAN
El caso DICAN (Dirección Antinarcóticos de la Policía)
explotó en 2014, pero se mantuvo vigente casi todo el 2015. Dos fiscales, el
exdirector del organismo policial, y otras ocho personas fueron enviados a
juicio por la jueza Wendy Martínez Mejía, en agosto pasado, acusados de
sustraer un alijo de 930 kilogramos de cocaína incautado por la DICAN.
Embargan cuentas
Las cuentas del Procurador y cuatro pasados miembros
del Consejo Superior del Ministerio Público fueron embargadas por una fiscal
cancelada que fue favorecida con una orden de reintegración. El embargo se
levantó días después, luego que el Procurador interpuso un recurso.
Las visitas del embajador de EE.UU.
Llamó la atención las múltiples visitas que realizó el
embajador de los Estados Unidos al Procurador. La prensa reseña tres reuniones.
La primera el 7 de enero, donde supuestamente trataron temas de interés común.
En la segunda hablaron de corrupción, los procesos judiciales en los casos de
lavado de activos, narcotráfico y sicariato, según reveló el Procurador, y la
de noviembre pasado fue “para tratar asuntos relacionados al crimen organizado
y el apoyo al Ministerio Público” de parte de los Estados Unidos, informó la
Embajada.
Najayo, al nuevo modelo
El penal, ubicado en San Cristóbal, y que acoge a
3,500 reclusos, pasó este año al Nuevo Modelo Penitenciario, donde reciben
comidas, vestimentas y están regulados bajo el mandato de una nueva dirección.
Najayo condenado, muere
Wesolowski
Gracias a la colaboración de la Fiscalía de Santiago,
el sacerdote polaco Wojciech Gil fue sentenciado a siete años de prisión en su
país, por abuso de menores, entre ellos, a seis dominicanos. Gil cometió sus
delitos mientras ejercía de sacerdote en Juncalito, Santiago. En tanto, el caso
del exnuncio en el país, Józef Wesolowski, también acusado de pederastia, no
tuvo igual desenlace, debido a su repentina muerte, mientras cumplía prisión
domiciliaria en el Vaticano.
Social Buttons