Escrito por
La Redacción.
diciembre 04, 2015
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Feministas, juristas y religiosos tienen posiciones encontradas sobre la
decisión del Tribunal Constitucional que se lleva el consenso buscado por años.
SANTO
DOMINGO.- Las
feministas no se lo esperaban, algunos juristas no están de acuerdo, otros sí,
al igual que representantes de iglesias cristianas. Así ha sido la recepción de
la decisión que se dio a conocer el pasado miércoles de que el Tribunal
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley 550-14 que instituye
un nuevo Código Penal en la República Dominicana y que, en cambio, siga vigente
el actual que data de 1884.
Aunque hasta este jueves no se había hecho público el
texto completo de la decisión, la Secretaría del Tribunal comunicó la medida,
tomada tras las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Fundación
Justicia y Transparencia, la Fundación Transparencia y Democracia y la
Fundación Matrimonio Feliz, contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley,
que tratan sobre la interrupción del embarazo.
“Esta decisión retrotrae el análisis del enfoque de
derechos al enfoque del siglo XIX. Estamos asombradas, es increíble que el
Tribunal Constitucional haya tomado una decisión de esa naturaleza sin
considerar las particularidades que habían sido presentadas en el proyecto e
incluso las recomendaciones del Poder Ejecutivo”, dijo Lourdes Contreras,
coordinadora general del Centro de Estudios de Género del ÍNTER.
Para este viernes, el Foro Feminista tendría
programado reunirse a las 11:00 a.m. para analizar la decisión y determinar las
acciones para continuar exigiendo en diferentes escenarios, tanto públicos como
privados, la despenalización del aborto.
La reforma al Código Penal se discutió por más de una
década. El artículo 110, uno de los impugnados, establece que “la interrupción
del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de
salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios
científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea
posible”.
Además, que “la interrupción del embarazo por causa de
violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible
con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y
protocolos que se establezcan mediante ley”.
Durante las discusiones de la reforma, las iglesias
Católica y Evangélica mantuvieron su postura de rechazar el aborto en todas sus
circunstancias.
Este jueves, el presidente del Consejo Dominicano de
Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo, consideró el fallo del Tribunal
Constitucional “como la decisión judicial más importante en las últimas
décadas”.
“El nuevo Código Penal tal como estaba era violatorio
a la Carta Magna que defiende el derecho a la vida desde la concepción, y que
fue promulgado y aprobado por presiones de organismos internacionales y sus
socios dominicanos”, afirmó.
Otras posturas sobre la decisión
Ramón Antonio Veras (Negro), jurista: “Desde el punto de vista legal,
constitucional y procesal, la decisión del Tribunal Constitucional es correcta,
pero para la sociedad dominicana es otro rudo golpe contra sus aspiraciones de
que funcione una justicia amparada en el imperio de la ley y la equidad. El
nuevo código anulado contenía una serie de disposiciones que venían a adaptarse
a los nuevos tiempos como son la figura del sicariato, la ampliación de las
penas a 40 años y el cúmulo de penas que irían a fortalecer el sistema penal
dominicano. Lo peor de todo es que esa anulación ha ocurrido en una época en
que el sistema judicial del país está sometido al mayor escándalo que ha
ocurrido en toda la historia de la judicatura nacional”.
Magaly Pineda, directora del CIPAF: “Sabiendo la cabeza que tiene el
Tribunal Constitucional, que es una persona que responde a los intereses de la
Iglesia Católica, podríamos decir que se tenía algún temor”.
Cándido Simón, Foro de Juristas para la Democracia: “Un grupo de abogados articulados
había advertido (en noviembre de 2014) a los legisladores y el Presidente de la
República sobre las fallas constitucionales del anulado Código Penal. En esa
ocasión advertimos que en el proyecto el legislador asumió el incremento de las
penas como disuasivo de la criminalidad que es inconstitucional (...), la
reincidencia como agravante, violatorio de la dignidad humana por sancionar el
aborto por violación, tara congénita por embarazo del padre o un hermano y por
malformación no vital del feto”.
Blas Santana, exprocurador general de la Corte del
distrito judicial de Santiago: “Los delincuentes deben estarse frotando las manos
con esa anulación. Lo que debió cuestionarse fueron los artículos que hablan
sobre el derecho a la vida y el aborto, pero no eliminarlo todo. El código
anulado venía a fortalecer el accionar del Estado contra los ejecutores de las
acciones delincuenciales, entre ellas el aumento de las penas y la acumulación
de las penas”.
Sonia Vásquez, representante de la UNFPA: “Es un retroceso y una violación de
los derechos humanos ya conquistados. Esto viene a aumentar la mortalidad
materna en el país, cuya esperanza de reducción era ese Código Penal”.
Lilliam Fondeur, directora de Materno Infantil y
Adolescentes de Salud Pública: “Con esto están reafirmando la visión machista y
patriarcal que no termina de visibilizar a las mujeres como personas que tienen
derecho a una vida digna. Hay 17 muertes maternas (por abortos inseguros) que
no tendrían que estar y no podemos, en nombre de Dios, matar mujeres”.
Hugo Núñez, miembro de la comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados: “Es correcta
la decisión del Tribunal Constitucional. Hasta que no se modifique el artículo
37 (de la Constitución), que contempla la inviolabilidad del derecho a la vida
desde la concepción, el problema del aborto no quedará resuelto ya que no se
podría incluir ni siquiera el aborto terapéutico”.
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