Escrito por
La Redacción.
noviembre 30, 2015
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Francisco Domínguez
Brito dice que el caso arrastrará a esa jurisdicción personas que no son jueces.
SANTO DOMINGO.- El Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito, inició un procedimiento a través del cual
contempla solicitar medidas precautorias en contra de jueces y ex jueces por
presuntos actos de corrupción, supuestamente ligados al proceso investigativo
que se le sigue a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré.
Así está contemplado en una instancia dirigida al
presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,
Julio César Canó Alfau, solicitando la designación de un juez de la Instrucción
Especial para tales fines.
Domínguez Brito plantea que el 16 de este mes depositó
por ante el Consejo del Poder Judicial una instancia en la que ponía en
conocimiento el inicio de una investigación contra jueces y ex jueces del Poder
Judicial por delitos graves, que van desde asociación de malhechores, prevaricación
y lavado de activos.
Detalla que durante la investigación se ha visto en la
necesidad de hacer solicitudes que a los fines de respetar el debido proceso
deben ser autorizadas por un juez de la Instrucción competente, que en el caso
de la especie tiene que se de Corte, en virtud de que varios de los
investigados, como el caso de Reyes Beltré, tienen privilegio de jurisdicción.
Precisa que el Ministerio Público investiga abogados,
imputados, ex jueces como parte de las pesquisas, pero el privilegio de
jurisdicción que tienen los jueces suspendidos que son objetos de las
indagatorias, arrastrarán la competencia privilegiada a estos objetos de la
persecución penal.
Indica que entre la competencia de la Corte de
Apelación está conocer en primera instancia de las causas seguidas a jueces de
primera instancia y sus equivalentes, procuradores fiscales, titulares de
órganos y organismos autónomos, y descentralizados del Estado, gobernadores
provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y los municipios.
En esas atenciones, el juez segundo sustituto del
presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación y presidente de la
Segunda Sala, Ramón Horacio González Pérez, emitió el auto No.90-G-2015,
mediante el cual se autodesigna como juez de la Instrucción Especial para
conocer de las solicitudes que formule el Ministerio Público, en el proceso de
investigación iniciado en contra de la magistrada de la Cuarta Sala de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Reyes
Beltré, por prevaricación, prevista en los artículos 118 y 183 del Código
Penal.
Ordena que el auto sea notificado al Procurador
General de la República.
El pasado viernes, Reyes Beltré proclamó su inocencia
de las acusaciones formuladas en su contra, del alegado recibimiento de
sobornos para adoptar decisiones a favor de imputados en crímenes graves.
La magistrada fue escueta al salir del despacho del
procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, junto a su
abogado de la defensa, Tomás Castro.
Castro aseguró que el Procurador planteó que la jueza
se declare culpable, que involucrara a todo el que debía implicar y negocie la
ejecución de la pena.
Las acciones
y suspensiones de jueces
Como parte de las acciones encaminadas a establecer
responsabilidades disciplinarias, el Consejo del Poder Judicial dispuso la
suspensión de cinco jueces, a los cuales abrió un juicio disciplinario en su
contra.
El CPJ inició el viernes un juicio disciplinario en
contra de tres de los jueces acusados de la comisión de faltas graves en el
ejercicio de sus funciones.
Los procesados son los magistrados de la Cámara Penal
de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y
Rosó Vallejo Espinosa, así como José Dionisio Duvergé Mejía, este último de la
Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de la Provincia Santo Domingo.
Los magistrados están suspendidos sin disfrute de
salario, al igual que Delio Germán Figueroa, del Cuarto Tribunal Colegiado y
Awilda Reyes Beltré, en ocasión de una denuncia presentada por ante el CPJ.
Imputaciones formuladas por el
procurador
El Procurador General de la República, Francisco
Domínguez Brito, involucra a esos magistrados como parte de una presunta red de
jueces, dirigida por el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial,
Francisco Arias Valera, que alegadamente se dedicaba a diligenciar decisiones a
favor de acusados de narcotráfico, lavado de activos y corrupción, a cambio de
percibir altas sumas de dinero para tales fines.
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