Escrito por
La Redacción.
noviembre 16, 2015
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Sostiene que el renunciante Francisco Arias es mencionado como quien
alegadamente influyó en la decisión a favor del regidor de Pedro Brand.
SANTO DOMINGO.- El Procurador General de la
República, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder
Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante
consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y
negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en
las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En una instancia de 15 páginas en la que pone como
asunto informe de inicio de investigación penal pública, jueces y ex jueces del
Poder Judicial por hechos de presunta prevaricación, Domínguez Brito incluye en
la alegada estructura a los magistrados Awilda Reyes Beltré, José Duvergé
Mejía, Delio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
Sostiene que Arias Valera es mencionado como la
persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas
de dinero, para que la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, emitiera
varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus NO.151-2015,
mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand,
Erinson de los Santos Solís (Ney).
Indica que por ese caso también se investiga a un ex
juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata, sobre cuya
identidad no ofrece mayores detalles.
Indica que la jueza Reyes Beltré desconoció que
existen múltiples decisiones de diversos grados, sustentadas en hechos y
derechos, en contra del regidor, que está siendo investigado por supuestamente
dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos,
secuestros, extorsión y asesinatos.
Plantea que en el conocimiento y fallo de varios
casos, los jueces han incurrido en graves irregularidades e incompatibilidades
en el ejercicio de sus funciones, concernientes al supuesto uso de su investidura
para hacer riquezas ilícitas, teniendo como fuente generadora de diversas
conductas contrarias a las normas jurídicas y sociales.
La Procuraduría atribuye a Reyes dar garantías
económicas en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, ordenar devolver un avión
del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20
millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del
Tiempo.
Los casos
El Procurador afirma que el 20 de junio del 2013, el
ex juez José Ygnacio Medrano Quéliz denunció por ante el CPJ que Arias Valera
le propuso, en su condición de juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal,
que resolviera algunos casos de manera satisfactoria a sus intereses. Indica
que luego de ser testigo directo de una denuncia de supuesto soborno en contra
del magistrado José Duvergé Mejía, y dar declaraciones al Pleno de la Suprema
Corte de Justicia, Arias Valera se retractó y dijo que él no tiene conocimiento
de esa situación.
Juez somete dispensa
Por otro lado, el juez de Ejecución de la Pena del
Distrito Nacional, Fernando Fernández Cruz, sometió una dispensa al Consejo del
Poder Judicial para mantenerse como candidato a representar a los jueces de
primera instancia en las próximas elecciones del organismo.
“He sometido la referida decisión a la consideración
de esta Superior Instancia esperando en Dios que entiendan mi postura, que lo
único que busca es apegarse, reitero, a los principios éticos que deben primar
en todas las decisiones”, plantea el magistrado, en carta enviada al presidente
del CPJ, Mariano Germán Mejía.
Fernández dijo que ha decidido mantener sus
aspiraciones, ante lo cual espera la comprensión de los jueces.
Expone que en vista de la renuncia del consejero
Francisco Arias Valera ha sido llamado oficialmente para integrarse a las
labores ordinarias del CPJ.
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