Escrito por
La Redacción.
noviembre 29, 2015
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SANTO DOMINGO.- El abogado del presidente de la
Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), William Alberto Garabito,
aseguró en la tarde de este sábado, que el expediente contra del profesor
Arsenio Quevedo, presentado por la procuradora fiscal del Distrito Nacional,
Jenny Berenice Reynoso, está sustentado en base a falsedades, a tal punto que
para involucrar al presidente del gremio de chóferes a las acciones delictivas
que se le imputan, fue necesario la fabricación de un testigo al que vinculan a
la entidad sindical.
Garabito afirmó que al falso testigo lo obligaron
mediante torturas, a declarar que habría recibido órdenes de la dirección de
UNATRAFIN para resolver un problema del sindicato, indicando que esta persona
no es empleado ni afiliado al gremio.
Dijo que a partir de esta falsedad, la propia Fiscalía
elaboró un documento que le obligó a firmar, en el que, supuestamente, narra
los hechos y su participación, para luego ser apresado a fin de continuar con
el montaje del expediente.
“A partir de ese momento, la magistrada se percata de
que dicho testigo no incriminaría al dirigente sindical Arsenio Quevedo en el
prefabricado expediente, y lo manda a buscar a su despacho para tratar de
sobornarlo con el ofrecimiento de una vivienda, trabajo pare él y su pareja,
además de cierta cantidad en efectivo”, afirmó el abogado.
Manifestó que en plena audiencia, el testigo Danilo
Octavio Reynoso Recio (Danilo El Prieto), reveló toda la trama al magistrado
actuante y, no obstante, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional,
Honorio Antonio Susaña, de manera servil, sigue los mandatos de la procuradora
fiscal, imponiendo un año de coerción y declarando el caso como complejo,
enviando a los dos acusados, Quevedo y Reynoso, a la cárcel de Higüey.
El presidente de UNATRAFIN, Arsenio Quevedo fue
arrestado la mañana de este miércoles, luego de presentarse al Palacio de la
Policía horas después de que su casa fuera allanada y su esposa detenida.
Al momento de su detención, Quevedo acusó al
procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y al diputado y
empresario del transporte Juan Hubieres de haber propiciado una persecución en
su contra por razones políticas y por el control de rutas de guaguas públicas.
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