Escrito por
La Redacción.
septiembre 07, 2015
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Santo Domingo.- La jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo dispuso este domingo el
envío a juicio de fondo de 10 de los once implicados en la
sustracción de 950 kilos de cocaína incautados por la Dirección Central
Antinarcóticos (DICAN) de la Policía, para presuntamente
comercializarlos.
La magistrada Wendy Martínez Mejía establece en su
decisión que los 10 imputados deberán responder por ante un juicio de fondo de
la acusación de lavado de activos, asociación de malhechores y falsificación,
excluyéndolos de la acusación del tráfico ilícito de drogas.
Asimismo, la magistrada dictó un auto de no ha lugar a
favor de la señora Cecilia Castillo Durán, esposa del dueño de la casa donde
presuntamente se ocupó la droga, por insuficiencia de pruebas.
Asimismo, el tribunal validó la acusación así como las
pruebas presentadas por el fiscal Jeremías Novas Fabián y el procurador de la
Corte de Apelación de esa jurisdicción, Robert Rodríguez, en contra de los
suspendidos fiscales, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro;
el director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional
(Dican), excoronel Carlos Fernández Valerio, el jefe de operaciones, exteniente
coronel Félix Humberto Paulino López y el exmayor Luciano Gómez Cabrera.
También del exprimer teniente Bárbaro Torres Beltrán,
el excabo Agapito Muñoz Evangelista, el exsargento Pedro Almánzar González; el
exsargento Antolín de los Santos Zabala; exraso Raydiris García Miranda y
Miguel Ogando Ogando primo del fiscal Máximo Díaz.
Parte del grupo guarda prisión luego de que el pasado
17 de enero, la magistrada Martínez dictara un año de prisión preventiva
en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de
Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.
INICIO DE PESQUISA Y RECOMENDACIÓN
La investigación fue hecha a una solicitud del entonces jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, para investigar la desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en la que se presumía había como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
Las pesquisas del Ministerio Público han determinado
que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche
Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la
Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a
su vez se comunicó con el jefe de operaciones de la Dican, procediendo a
conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
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