Escrito por
La Redacción.
agosto 03, 2015
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Santo Domingo.- El expresidente de la
República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reyna, afirmó este lunes que mienten
ante el mundo, las organizaciones y personalidades que preteden presentar a
nuestro país como una nación racista, xenófoba y segresionista.
En un trabajo titulado “República Dominicana: ¿Amnistía de
nacionalidad?” que publica en
su columna “Observatorio Global”, en el periódico Listin Diario; el
doctor Fernández Reyna se refiere a las últimas manifestaciones que contra la
política migratoria del país se vienen produciendo en diferentes escenarios.
A continuación el texto completo
del trabajo publicado por Leonel Fernández Reyna en Listín Diario de este lunes:
Apesar de que no se han podido presentar pruebas
convincentes sobre casos de apátridas en nuestro país, ni de evidencias
inequívocas de deportaciones masivas o de crisis humanitarias, varios sectores
de la comunidad internacional persisten en la idea de proyectar a la República
Dominicana como un país racista, xenófobo y segregacionista.
Nada de eso es cierto. Pero en su editorial del 11 de
julio de este año, titulado, Apátridas en la República Dominicana, el periódico
The New York Times denuncia una situación de racismo en el país y alega que hay
210 mil personas apátridas en nuestro territorio.
En la carta que remitieron al presidente Barack Obama,
el pasado 14 de julio, un grupo de académicos norteamericanos solicita
sanciones contra nuestro país, debido a la “crisis de los derechos humanos”
generada por las “deportaciones masivas” y la apatridia ocasionada por los
desnacionalizados.
En las declaraciones del Grupo de Trabajo de Expertos
de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes, producidas el 20 de julio,
se solicita que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a todos los
nacidos en nuestro territorio, y evite las “deportaciones arbitrarias.”
En dos reportajes de la BBC de Londres, publicados el
31 de julio, se plantea que los inmigrantes haitianos están siendo “forzados” a
abandonar nuestro territorio, y que a pesar de la implementación del plan
de regularización, muchos se quedarán como apátridas.
En las observaciones y recomendaciones que contiene el
reciente informe presentado por el Secretario General de la OEA , Luis Almagro,
al Consejo Permanente, en las que se “reconoce que existen personas en riesgo
de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”, o de que se “reconoce la
existencia de desplazamiento de poblaciones”, se plantea la necesidad de
adoptar una especie de protocolo consensuado de deportaciones.
De igual manera, deben considerarse las declaraciones del presidente de Haití, Michel Martelly, quien en el marco de su reunión con la misión de la OEA, solicitó “la firme intervención de la comunidad internacional” para lograr que la República Dominicana negocie las condiciones en que se llevarán a cabo las posibles repatriaciones.
El informe de la misión de la OEA que estuvo en República Dominicana y Haití, “reconoce que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”.
Migraciones y estado soberano
Al analizar los argumentos que se esgrimen, resulta
evidente que lo que se procura es que la República Dominicana no retorne a su
lugar de origen a los inmigrantes ilegales que no se ajustaron al Plan de
Regularización.
Por el contrario, la intención es que para evitar una
supuesta apatridia, se declare una especie de amnistía migratoria, y además, se
conceda la nacionalidad dominicana a todo el que alegue haber nacido en nuestro
territorio.
Naturalmente, eso que se nos exige no ha ocurrido en
ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. Por consiguiente,
tenemos suficientes razones para oponernos a unos planteamientos que resultan
absurdos, descabellados e insólitos.
En primer término, la República Dominicana es un
Estado soberano e independiente, y, por ende, el único con la capacidad y
competencia para tomar las decisiones sobre política migratoria. En tal virtud,
el Estado dominicano ha sido reiterativo en sostener que las repatriaciones se
harán de acuerdo con los estándares del Derecho Internacional y de los derechos
humanos.
En segundo lugar, nunca hemos visto que la comunidad
internacional haya intervenido en los asuntos internos de un Estado
independiente para controlar su política migratoria. Esto así ni siquiera en
casos tan extremos como los suscitados en África subsahariana, donde miles de
personas se aventuran a cruzar fronteras y mares, poniendo sus vidas en alto
riesgo, con la finalidad de alcanzar territorio europeo.
En Marruecos, donde hemos estado recientemente, al
igual que en la República Dominicana, se adoptó en 2014 un proceso de
regularización excepcional que permitió a cerca de 17 mil migrantes
subsaharianos obtener residencia y permiso de trabajo en ese país.
Muchos quedaron fuera de ese proceso, y pronto serán
retornados a sus países a través de una repatriación forzosa. Sin embargo,
contrario a lo que acontece con nuestro país, la actitud del gobierno marroquí
ha sido laureada por la comunidad internacional como un pionero en el norte de
África.
En Medio Oriente, cerca de cuatro millones de personas
están siendo afectadas por una verdadera crisis humanitaria. A pesar de esa
lamentable situación, los países vecinos no están obligados a recibir esas
víctimas, sino en la medida en que así lo decidan sus principales autoridades.
Eso fue lo que hizo, por ejemplo, el gobierno español
que decidió acoger durante el presente año, un total de 130 personas.
Pero aún en aquellos casos en que la política
migratoria de algunos países haya causado el rechazo de algunos sectores de la
sociedad, jamás se ha hecho un llamado a la intervención de la comunidad
internacional.
Tal es el caso de Bahamas. En ese lugar, su canciller,
Frederick Mitchell, planteó que su gobierno no aceptará “solicitudes de
inmigrantes ilegales que pidan visados de trabajo, y cualquiera que lo haga
será arrestado, procesado y deportado.”
A eso, añadió: “El mensaje es que la inmigración
ilegal es un gran problema para nosotros”... “Estamos gastando gran cantidad de
recursos en eso. Es una gran presión para nuestros sistemas de servicios
sociales, salud pública y educación. Necesitamos controlar la situación.”
Deportaciones de ilegales
Deportaciones de ilegales
En efecto, para controlar la situación, el gobierno de
Bahamas ha llevado a cabo un extenso programa de deportaciones que ha afectado
sensiblemente a los inmigrantes ilegales haitianos, los cuales representan
entre el 16 y el 18 por ciento de la población de ese país caribeño.
En Brasil, a pesar de las buenas intenciones del
gobierno de otorgar visas humanitarias a los nacionales haitianos, luego del
catastrófico terremoto de enero del 2010, el gran flujo de personas que se ha
desplazado a esa nación sudamericana ha obligado a sus autoridades a ser más
cautelosas en el otorgamiento de esos visados.
El gobierno carioca contempló inclusive la posibilidad
de cerrar la frontera con Perú para detener la entrada de migrantes haitianos.
En las islas Turcos y Caicos se está considerando la
eventualidad de utilizar drones para localizar e identificar a migrantes
ilegales, especialmente haitianos, para proceder a su captura y deportación.
En los Estados Unidos, sólo durante la gestión de
gobierno del presidente Barack Obama, ha habido un alza sin precedentes en las
deportaciones de migrantes ilegales, que ha afectado a más de dos millones de
personas.
En el caso específico de los nacionales haitianos,
luego del terremoto se estableció una moratoria que detuvo temporalmente las
deportaciones. Aún así, más de 1,500 ciudadanos haitianos han sido repatriados
por el gobierno norteamericano, a pesar de que se trataba de personas con
familias nucleares en el territorio estadounidense.
Igual ocurre en Canadá. En ese país, a partir del
2004, se tomó la decisión de levantar la disposición que ordenaba detener las
deportaciones de nacionales haitianos por razones humanitarias. A partir de esa
fecha lo que el gobierno canadiense hace es conceder la oportunidad para que
puedan regularizar su estatus.
De conformidad con el gobierno canadiense, la no
deportación ya no tiene razón de ser, debido a que Haití no está en guerra y no
vive grandes conflictos civiles; las personas desplazadas al interior del territorio
haitiano fueron reinstaladas en viviendas más seguras; las condiciones de vida,
en general, la estabilidad política y el nivel de seguridad, han mejorado; y
otros países, como Francia y Brasil, ya hicieron regresar a los nacionales
haitianos a su país.
Detrás de todas esas decisiones adoptadas por los
gobiernos a que hemos hecho referencia, hay tragedias personales, episodios
tristes y escenas lamentables de familias destrozadas por la separación. Todo
eso, por supuesto, genera consternación, y es la razón por la cual la comunidad
internacional debe trabajar por la construcción de un Haití mejor.
Lo que no le corresponde a la comunidad internacional
es el de juzgar las decisiones que adoptan los Estados soberanos para la
protección de sus territorios y sus poblaciones. Tampoco, por consiguiente, le
incumbe exigirle a la República Dominicana que declare una amnistía general
migratoria, o que conceda la nacionalidad dominicana a todo el que nace en
nuestro territorio.
Eso no lo ha hecho nadie en el mundo, y es una forma
de injerencia que desconoce nuestra soberanía como Estado, y que debemos
rechazar.
Lo que se le pide a la República Dominicana,
sencillamente, no es justo, no es razonable. Tampoco se corresponde con las
normas internacionales vigentes, ni con la práctica seguida por otros Estados
integrantes de la comunidad internacional.
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