Escrito por
La Redacción.
agosto 20, 2015
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Mientras, políticos piden
mayor equidad para próximas elecciones
SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE)
incurriría en una flagrante violación constitucional si aumenta en 15 el número
de regidores para las elecciones del próximo año, porque la Ley 341-09, sobre
la composición de los concejos municipales, dispone su congelación hasta el
2040.
De acuerdo
al cronograma del órgano electoral, en los comicios de mayo del 2016 serán
electos 1,164 regidores en 158 municipios, en lugar de 1,149 escogidos en las
elecciones del 2010. Al respecto, el párrafo III del artículo 35 de la Ley
341-09 establece que “el número de regidores que resulte electo en las
elecciones del 2010 quedará congelado por un período de 30 años”.
En un
documento oficial de la JCE, al que tuvo acceso El Nacional, que fue elaborado
en base a la Ley 341-09, la institución comicial reasigna el número de
regidores y señala que a los municipios con hasta 25,000 habitantes les
corresponden 5 regidores.
Asimismo,
que a los municipios con hasta 50,000 habitantes les corresponden 7 concejales,
9 a los que tienen hasta 75,000 y 11 cuando se trata de hasta 100,00
habitantes.
A los municipios que tienen más de 100,000 habitantes les corresponde un regidor por cada 50,000, o fracción mayor de 25,000.
El párrafo I de la Ley 341-09 indica que “si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores, resulta que el número total de componentes fuera par, se incrementará en uno más” .
El párrafo
II señala que “en los municipios afectados con reducción en número de
regidores, como consecuencia de la aplicación de esta Ley, se escogerá la misma
cantidad de regidores que fueron electos en las elecciones del 2006”.
El artículo
1 de la misma Ley indica que “cuando un municipio se ve afectado por la
reducción de su población, como consecuencia de un nuevo municipio, se reducirá
el número de regidores del municipio del cual se produjo el desprendimiento en
la proporción del número de habitantes que establece esta Ley”. La Ley
341-09, del 26 de noviembre del 2009, modifica la Ley 176-07, del 17 de julio
del 2007, del Distrito Nacional y los municipios.
El artículo
4 indica que “La presente modificación se aplicará para las elecciones
congresuales y municipales de mayo del 2010, quedando de una vez y para siempre
congelado el número de regidores y regidoras electos”.
Aunque en su cronograma para las elecciones del 2016, la JCE reconoce que la Ley 341-09 congela el número de regidores por 30 años, hizo el cálculo de los concejales a elegir en el 2016 en base a la Ley 176-07, hecho que constituye una flagrante violación.
Aunque en su cronograma para las elecciones del 2016, la JCE reconoce que la Ley 341-09 congela el número de regidores por 30 años, hizo el cálculo de los concejales a elegir en el 2016 en base a la Ley 176-07, hecho que constituye una flagrante violación.
La Ley
176-07 establecía, por ejemplo que, para Santiago de los Caballeros se
escogería un regidor por cada 17,000 habitantes ó fracción mayor de 9,000 y no
por cada 50,000, o fracción de 25,000, como establece la legislación actual.
La Ley modificada creó la figura de los subdirectores de Distritos Municipales.
La Ley modificada creó la figura de los subdirectores de Distritos Municipales.
Violación
Aunque en el cronograma para las elecciones del 2016, la JCE reconoce que la Ley 341-09 congela el número de regidores por 30 años, hizo el cálculo de los concejales a elegir en el 2016 en base a la Ley 176-07, hecho que constituye una flagrante violación.
Aunque en el cronograma para las elecciones del 2016, la JCE reconoce que la Ley 341-09 congela el número de regidores por 30 años, hizo el cálculo de los concejales a elegir en el 2016 en base a la Ley 176-07, hecho que constituye una flagrante violación.
EL DATO
La Ley
341-09, del 26 de noviembre del 2009, modifica la Ley 176-07, del 17 de julio
del 2007, del Distrito Nacional y los municipios.
organizaciones políticas piden mayor equidad para próximas elecciones
Ante la celebración en el país de la segunda asamblea
general de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, doce organizaciones y
movimientos políticos aprovecharon la oportunidad para pedir mayor equidad y
reglas claras que garanticen la transparencia en las próximas elecciones del
2016.
El reclamo fue elevado por los partidos políticos
Alianza País (Alpaís); Dominicanos por el Cambio (DXC), Revolucionario Moderno
(PRM); Alianza por la Democracia (APD), así como los movimientos Foro Renovador,
Patria para Todos, Camina RD, La Multitud, Fuerza de la Revolución, Ciudadanos
por la Democracia, Frente Amplio y Movimiento Rebelde.
Hablando en nombre de las organizaciones, Orlando
Jorge Mera, del PRM, dijo que consideran oportuna la ocasión para hacer pública
su preocupación por la iniquidad del actual proceso electoral dominicano y por
la fundada desconfianza que aseguran pesa sobre la imparcialidad de los órganos
electorales llamados a supervisar las elecciones.
“Reclamamos la adopción de reglas electorales
especiales que asuman, para los comicios de 2016, aspectos esenciales como son:
equidad en el manejo de los tiempos en el uso de los medios de comunicación
radial y televisivos, control equitativo de los espacios públicos para todos
los partidos, mayor transparencia del proceso comicial frente a los electores y
en particular sobre las fuentes de financiamiento y su uso, participación
equitativa en la supervisión del proceso de procesamiento de resultados por
parte de los partidos políticos y la más amplia participación de observadores
electorales nacionales e internacionales”, sostuvo.
Advirtió que las organizaciones representadas se
mantendrán vigilantes para que se respete la voluntad política.
Asimismo, acusó al oficialista Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) de controlar y acallar el debate político en los
últimos 11 años, lo que no ha permitido la nueva Ley Electoral, exigida por la
Constitución de la República y que es esencial para regular de manera
equitativa, justa y transparente el proceso electoral de mayo del 2016.
“En cuanto al financiamiento público de los partidos
políticos debemos resaltar la iniquidad que enfrenta la oposición, dada la
arbitraria norma que concentra la repartición del 80 %, en manos de los tres
partidos (PRD, PLD y PRSC). En la actualidad en la República Dominicana no
existe un mecanismo de revisión que permita un ajuste equitativo de la
repartición de los fondos públicos, ante una situación de obvia injusticia”.
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