Escrito por
La Redacción.
julio 19, 2015
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Santo Domingo.- República Dominicana presenta
diferentes niveles de desarrollo en sus treinta y una provincias y el Distrito
Nacional. Las desigualdades sociales, culturales y económicas son bastante
marcadas entre unas provincias y otras; en especial, entre las demarcaciones de
la zona fronteriza y el resto del país.
Históricamente
esas provincias se han caracterizado por ser las más pobres y marginadas de
toda la nación, lo cual es un reflejo de la ausencia de políticas públicas
encaminadas al desarrollo de esa importante región.
La magnitud
de la pobreza de los ciudadanos de la frontera se puede percibir con facilidad
al analizar las características de sus hogares y viviendas, muchos de los
cuales presentan profundas particularidades de sub-desarrollo y condiciones de
indigencia que contrastan con la modernidad imperante en pleno siglo XXI.
Características de los hogares y
viviendas de la zona fronteriza
El Congreso
Nacional, consciente de esa realidad, promulgó la Ley núm. 28-01, que crea una
Zona Especial de Desarrollo Fronterizo abarcando las provincias Pedernales,
Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
Dicha ordenanza exonera del pago de varios impuestos durante un período de veinte
años a las empresas que se instalen en esas provincias.
Resultados de la Ley núm. 28-01
Según los
datos del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
(CCDF), para agosto de 2014 había 95 empresas activas bajo el amparo de esta
norma, distribuidas en las siete provincias y se habían creado 9,774 empleos
directos, con una inversión de $14,913 millones de pesos dominicanos.
Distribución geográfica de las
empresas
La
distribución de esos negocios presenta una gran diferencia entre las
provincias. Montecristi es la demarcación que tiene mayor cantidad de empresas
amparadas por la Ley núm. 28-01, con 51. Una de las principales razones que
explica esa situación es el fácil acceso al puerto de Manzanillo, lo que sirve
de atractivo para que empresas con vocación exportadora se instalen en su
territorio. Elías Piña es la que tiene menos empresas beneficiadas: apenas dos.
Cantidad de
empresas instaladas en la fronterabajo el amparo de la Ley núm. 28-01. Empleos
generados
El 74 % de
los 9,774 empleos directos creados por estas empresas es ocupado por
dominicanos, mientras que el 26% corresponde a mano de obra extranjera.
La
distribución de estos puestos de trabajo presenta también una marcada
desigualdad.
Como cabría
esperar, Montecristi es la provincia más beneficiada, pues acapara el 43.3 % de
los empleos directos creados, mientras que Independencia, con solo 2.1 %, es la
demarcación que registra menos empleos.
En cuanto a
la población ocupada (PO), en términos generales, las empresas que se
benefician de la Ley núm. 28-01 solo están empleando a ocho de cada cien
habitantes de los que tienen trabajo en la zona fronteriza.
Inversión realizada
La inversión
realizada durante los 14 años de vigencia de la ley asciende $14,913 millones
de pesos y ha sido muy dispareja entre unas provincias y otras. Las provincias
que han recibido mayor inversión son Santiago Rodríguez (29.3 %), Montecristi
(29.2 %) y Pedernales (28.2 %). Las demarcaciones que menos inversión han
recibido son Elías Piña (2.5 %), Independencia (2.7 %) y Bahoruco (3 %).
Diferencias regionales
Los datos
ofrecidos por el CCDF muestran una marcada diferencia de avance económico entre
las regiones Norte y Sur de la frontera, inclinando la balanza de manera
significativa hacia las provincias del norte, donde se ha instalado el 86 % de
las empresas. Esta zona fronteriza también registra los mayores valores en
empleo (69 %) y en porcentaje de inversión (64 %).
La zona sur
ha quedado muy rezagada y sus cifras están muy por debajo de las del norte, muy
particularmente la cantidad de empresas allí instaladas: apenas el 14 %
Gasto tributario en la Ley núm.
28-01
El beneficio
que han recibido las provincias de la zona fronteriza con la implementación de
la Ley núm. 28-01, ha representado un gasto para el país, el cual es medido a
través de la participación de las exenciones a la Ley de Desarrollo Fronterizo
en las estimaciones del gasto tributario (GT) de la nación.
Según datos
de la DGII, la implementación de la ley en estudio le ha costado al país
12,432.17 millones de pesos entre 2009 y 2015, el 1.6 % del gasto tributario
total para ese período y el 0.09 % del PIB.
Conclusiones
Resulta
evidente que uno de los principales problemas de la frontera es el olvido. Tras
14 años de existencia, la Ley núm. 28-01, de Desarrollo Fronterizo, ha servido
de impulso para dinamizar la economía de las provincias fronterizas y darles
mayor presencia, pero no a los niveles esperados. Las marcadas brechas de
aprovechamiento entre las partes norte y sur de la frontera es un indicador que
refleja la necesidad de crear mecanismos e incentivos que puedan distribuir con
mayor equidad la inversión en todas las provincias.
Los
incentivos deben ser sectorizados tomando en cuenta la actividad económica y
las características de cada provincia, de forma que los potenciales mercados de
cada zona se puedan identificar y explotar.
Pero no es
solo la adecuación de los incentivos lo que limita el despegue de estas provincias,
sino también la carencia de servicios básicos.
En el
objetivo de desarrollar la frontera, el Gobierno no debe delegar en el sector
empresarial el rol protagónico que le corresponde, sino que debe actuar más
como jugador y no como árbitro, lo cual implica dejar atrás las concepciones
neoliberales y poner en práctica la política intervencionista keynesiana,
enfocada en alentar el gasto público destinado a educación, salud e
infraestructura. Esto redundaría en la provisión de los bienes públicos necesarios
para hacer mucho más atractiva la zona fronteriza para la inversión y aliviaría
grandemente la marginalidad de estas poblaciones.
El
desarrollo fronterizo necesita un consenso entre el sector privado y el
Gobierno, de forma que pueda implementarse un adecuado programa de desarrollo
sostenible, con respaldo de todas las áreas productivas de la nación. La
ausencia del mismo limita la explotación y el provecho de la diversidad y
abundancia de recursos que tiene dicha zona, lo que provoca éxodos masivos, que
impulsan la despoblación, intensifican la pobreza y aumentan los riesgos de que
la desolación de una zona de tanta trascendencia pudiera engendrar para todo el
pueblo dominicano. (TRABAJO ELABORADO POR GREIDYS
ROA CHALAS, para el periódico hoy y funglode)
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