Escrito por
La Redacción.
junio 24, 2015
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Santo Domingo.- El exembajador de la República Dominicana en
Washington, Flavio Darío Espinal, consideró este martes que el país debe
presentar, ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) una
queja formal por las reacciones que han surgido a propósito de la puesta en
marcha del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros llevado a cabo en nuestro país.
Las críticas
externas hacia el país se han recrudecido por las eventuales repatriaciones en
la segunda fase del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
El alcalde
de Nueva York, Bill De Blasio, sugirió boicotear el turismo dominicano, y el
primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, consideró
“inaceptable” la política migratoria local.
A este
respecto el exembajador en Washington, Flavio Darío Espinal, concedió una
entrevista al periódico Diario Libre, en la que el diplomático expresa su parecer
sobre este particular.
A continuación
el texto de la entrevista:
P. ¿Qué
recomienda hacer a las autoridades dominicanas para salir al frente a esta
situación, que tenga repercusión en la opinión internacional?
R. Lo más importante es que el Gobierno
dominicano dé a conocer lo que se ha hecho en lo que respecta a los migrantes
haitianos y la población de origen haitiano en el país. Es desconcertante y a
la vez injusto hacia el país que la mayoría de los artículos de la prensa
internacional y las declaraciones de representantes de organizaciones
promotoras de los derechos humanos ignoren completamente lo que ha hecho el
Plan Nacional de Regularización y la Ley 169-14. Sólo se habla, de manera
distorsionada de la realidad, que las autoridades dominicanas empezarán un
proceso de desnacionalización y deportación de miles de personas.
La realidad
es que alrededor de 288 mil migrantes se acogieron al Plan de Regularización,
que el Gobierno anunció que buscará una respuesta legal a los cañeros
pensionados y que la Ley 169-14 validó legislativamente la documentación que
acreditaba como dominicanos a las personas que se encontraban inscritas en el
registro civil, y que fueron afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal
Constitucional.
Ninguno de
los artículos publicados en la prensa internacional recoge estos hechos que han
beneficiado, en una u otra categoría, a algo más de 350 mil personas.
P. Se
habla de que la prensa extranjera tergiversa la realidad migratoria. ¿Cómo se
puede cambiar la percepción de sus receptores?
R. El Gobierno tiene que usar todos los
foros posibles -políticos, diplomáticos y mediáticos- para presentar estos hechos.
Creo que debió empezar o debe empezar con una presentación en el Consejo
Permanente de la OEA, puesto que ese fue el foro donde se dio el primer debate
público del asunto a instancia del Caricom. Lo mismo hacer en otros foros
internacionales en los que el país tiene presencia.
Hay que
hablar también con los gobiernos amigos, al más alto nivel, para darles una
explicación de estos cambios que han ocurrido.
Las
autoridades deben también respetar los derechos de las personas en los procesos
de repatriación, y mostrar que sí es posible hacer valer nuestras leyes, sin
tener que recurrir al abuso.
P. ¿Qué
tipo de campaña pudiera hacer el cuerpo diplomático?
R. Debe actuar con mucha firmeza en
defensa de la posición dominicana, pero a la vez con tacto y prudencia, para
que el discurso tenga receptividad. El cambio de imagen y percepción será lento
y gradual, y por eso el trabajo de los diplomáticos debe ser sistemático.
P. ¿Cómo
se puede influir para que los organismos internacionales y los países
desarrollados contribuyan más para ayudar a Haití?
R. Es una tarea difícil, porque en la
comunidad internacional hay una fatiga respecto a Haití, pero hay que seguir
insistiendo en que Haití debe ser ayudado, no sólo para beneficio del pueblo
haitiano, sino también de todos los países vecinos.
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